La Fiscalía ha archivado una de las denuncias recibidas por el supuesto robo de bebés recién nacidos producido entre 1950 y 1980 en distintos hospitales de la capital.

En concreto se refiere a una denuncia interpuesta por un hombre que quería conocer a sus padres biológicos tras descubrir que era adoptado cuando fue a pedir la partida de nacimiento para contraer matrimonio, según han informado fuentes del departamento de María José Segarra.

Así, fue el día 23 de febrero cuando este hombre, nacido en el año 1951 en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz, presentó una denuncia ante la Fiscalía "al objeto de conocer a sus verdaderos padres".

De este modo, el nombre de los padres adoptivos únicamente constaba en la partida de bautismo del denunciante, que es vecino de Sevilla.

La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, pues, aunque entiende "el interés humano" del asunto, dice que "es forzoso reconocer que no hay indicio de delito, pues no hay alteración fraudulenta del estado civil".

De esta forma, tras este archivo  ya únicamente se investigan 19 denuncias de bebés supuestamente robados.

De su lado, tres juzgados de Instrucción sevillanos han abierto una investigación por este tema. Así, el Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular es la juez Mercedes Alaya, está investigando el caso de un bebé supuestamente desaparecido en el año 1973 en el Hospital Virgen del Rocío.

El Juzgado de Instrucción número 4 ha recibido la denuncia por el presunto robo de un bebé producido en 1975 en el Hospital Virgen Macarena.

Además, el Juzgado de Instrucción número 9 está investigando otro caso que fue archivado inicialmente por prescripción del delito, pero que ha sido reabierto tras el recurso de la Fiscalía.

De este modo, la Fiscalía, a través del fiscal coordinador, José Escudero, investiga ya únicamente 19 casos, entre ellos los 13 casos remitidos por la Fiscalía General del Estado y que forman parte de la demanda colectiva interpuesta por Anadir.

No obstante, el departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido rechazó abrir una causa general para investigar estos casos e instó a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de sus respectivas provincias.