La Fiscalía de Sevilla ha dirigido una serie de diligencias a "distintas instituciones públicas a fin de comprobar aspectos esenciales" del caso de la familia de una alumna de segundo de Educación Primaria del Colegio San Antonio María Claret, que padece una discapacidad auditiva y motriz del 66%. Su madre denunció que lleva más de un año enfrascada en gestiones para que la menor cuente con un intérprete en su actividad lectiva.

Tras elevar la familia el asunto a la Fiscalía, dicha instancia emitió un escrito el pasado 17 de noviembre, recogido por Europa Press, en el que acuerda el archivo de las actuaciones incoadas a cuenta de la denuncia inicial de esta persona, pero con la precisión de que las diligencias serían reabiertas "una vez se cumplan las diligencias que se han dirigido a distintas instituciones públicas, a fin de comprobar aspectos esenciales para la continuación del procedimiento al no quedar por ahora suficientemente acreditada la causa, necesidad o motivo para iniciar el procedimiento o concretar el alcance del mismo".

Según la madre de la alumna, esta niña sufre una discapacidad auditiva, en concreto hipoacusia severa profunda, y también motriz, del 66%. "Desde octubre de 2022", cuando se inició el proceso para proceder a un nuevo dictamen de escolarización por parte del equipo de orientación educativa, sigue "en espera de los recursos necesarios para su correcto desarrollo académico y personal". 

Nuevo dictamen de escolarización

La madre precisa que en septiembre de 2022 la familia de la menor y el equipo de orientación del colegio solicitaron un nuevo dictamen de escolarización porque aunque la alumna usa audífono, habría quedado de relieve que "no estaba recibiendo toda la información, no se estaba enterando y se encontraba muy perdida" en el transcurso de las clases. Tras las oportunas gestiones, según su relato, ya en marzo de este año, el equipo de orientación educativa de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un nuevo dictamen de escolarización, en el que reconocía -según esta madre- el derecho de su hija a contar con un intérprete de lengua de signos "dentro del aula" como apoyo para su aprendizaje.

A partir de entonces, según su narración, tal dictamen fue expuesto a la delegación territorial y a diferentes instancias de la misma, como el responsable de la Inspección Educativa, el inspector responsable de la zona, el responsable de Planificación e incluso el delegado territorial del ramo, Miguel Ángel Araúz. La dirección del colegio, según esta madre, "también procedió a solicitar dicha figura", merced al nuevo dictamen de escolarización, si bien se le habría comunicado en respuesta que la petición "estaba fuera de plazo y que no era el modo o procedimiento para solicitar dicha figura", con lo que el centro "tenía que esperar al plazo de alegaciones para presentar las correspondientes alegaciones".

"El plazo de alegaciones en años anteriores ha sido por el mes de abril, pero este año ha sido en el mes julio de 2023. El colegio por su parte, con las correspondientes indicaciones del personal del servicio de Ordenación Educativa de Sevilla, ha presentado dichas alegaciones y ahora nos encontramos a la espera que se resuelva el procedimiento, sin saber cuándo será resuelto y si traerá como resultado la figura del intérprete de lengua de signos, imprescindible para que mi hija se encuentre en las mismas condiciones de aprendizaje que el resto de sus compañeros lo cual le está provocando una gran desigualdad con respecto al resto de niños".

Más de un año de espera

Tras este relato, esta madre muestra su "indignación por todo este proceso que se inició en septiembre del pasado año", porque todavía, su hija sigue "sufriendo daños colaterales, sin que el sistema haga nada al respecto, cuando se están vulnerando todos los derechos que tiene a una educación con las adaptaciones correspondientes y provocando una gran desigualdad en su integración en la sociedad". Es más, la familia de la menor atisba una situación de "discriminación". Alerta de que la niña está perdiendo un tiempo en su desarrollo educativo que "nunca va a recuperar".

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo ya explicaron a este periódico que al tratarse de un centro educativo concertado, es el equipo directivo del mismo el que, dentro de los recursos económicos que le proporciona la Junta, debe contratar los servicios especializados que requieran sus alumnos. Entre ellos, el de intérprete de signos.