"Una auténtica vergüenza". Con estas palabras define María José Retamero la situación que atraviesa desde que hace más de un año solicitara un intérprete de lenguaje de signos para que su hija, con discapacidad sonora, pueda seguir las clases en el colegio de Sevilla donde se encuentra escolarizada. La Delegación territorial de Educación aún no le ha concedido al centro concertado San Antonio María Claret esta figura, lo que dificulta que la menor continúe con su aprendizaje en igualdad de condiciones al resto de niños de la clase. 

Retamero considera que en el departamento que dirige Miguel Ángel Arauz "se pasan la pelota de unos a otros", lo que impide la inclusión que tanto se pregona desde las administraciones públicas. "Para lograrla hacen falta recursos", reclama esta madre, que está dispuesta a llegar donde sea con tal de que la educación de su hija no se vea afectada. "Tengo previsto manifestarse si no atienden mi demanda", advierte. 

La situación de esta menor ya se encuentra en la Fiscalía de Menores de discapacidad, donde Retamero presentó el caso de su hija el pasado 1 de agosto. La paciencia de esta madre se había agotado después de los numerosos trámites emprendidos desde octubre de 2022. La alumna contaba desde marzo con un dictamen de escolarización del equipo de orientación educativa de la citada delegación territorial. En él se reconocía el derecho de la menor a contar con un intérprete de lenguaje de signo dentro del aula donde recibe clases a diario. 

"Silencio administrativo"

Dicho documento sirvió para que el Colegio San Antonio María Claret reclamara esta figura. La respuesta dada por la propia Delegación de Educación es que la solicitud se había quedado fuera de plazo, por lo que no quedaba más remedio que esperar al periodo de alegaciones, contemplado este año en julio. Desde entonces, según Retamero, sólo han obtenido "silencio administrativo". 

La falta de este servicio agrava la situación de su hija, que ha pasado al segundo curso de Primaria, cuando los conceptos que se manejan resultan más complicados para su entendimiento. Hasta ahora esta alumna -que sufre una discapacidad auditiva y motriz del 66%- había usado un audífono que, conectado a una radio FM, le permitía seguir las clases con cierta normalidad. Un recurso suficiente para la etapa de Infantil, pero que se vuelve deficitario para los conocimientos que se imparten en Primaria, de ahí que el año pasado, al iniciarse en este ciclo, reclamara un intérprete de signos. 

"En su día me ofrecieron una adaptación curricular, pero me negué. Mi hija sólo necesita esa figura, nada más", insiste esta madre. "Es una niña con mucha autoestima y muy trabajadora", refiere Retamero, que recuerda los años que lleva de lucha para lograr el avance e inclusión de la menor. "Cuando nació me dijeron que se quedaría como un vegetal y ahí está, estudiando en el aula convencional de un colegio", defiende esta madre, que incide en su idea: "No voy a permitir que nadie le corte las alas a mi hija". 

"No me van a callar"

Un camino que no ha estado exento de dificultades. María José -que no quiere salir en fotos- tuvo que pedirse una reducción de jornada laboral para atender a su hija. "No soy la primera madre que sufre este silencio administrativo. Por delante de mí ha habido muchas a las que han aburrido", lamenta Retamero, que reivindica la ayuda del sistema público para los niños con este tipo de discapacidad. "Las familias no podemos perder energía en solicitar recursos que deben ser dados, pues ese esfuerzo lo necesitamos para atender a nuestros hijos en su día a día", abunda. 

"Me ha costado mucho llegar hasta aquí y ahora no me van a callar", advierte esta madre, que se manifestará por "una educación en igualdad de condiciones" para su hija si no recibe respuesta de la Junta los próximos días.