La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la absolución de los dos policías locales y de los otros sietes acusados por el expolio del edificio de la antigua jefatura de la Policía Local en la banda de servicios de la isla de la Cartuja, al estimar que no ha resultado acreditada la "autoría de las personas que causaron los daños" en el inmueble propiedad de Prodetea, todo ello "sin perjuicio de las responsabilidades que en otro orden los hechos objeto de denuncia puedan haber dado lugar".

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el Ministerio Público analiza los hechos investigados y las declaraciones de los imputados, llegando a la conclusión de que no ha quedado acreditada la autoría de los daños causados.

Así, la fiscal del caso explica que el personal de seguridad informó de que con anterioridad al 15 de junio de 2012 -cuando se hizo efectiva por parte del Ayuntamiento la entrega del edificio C-3 a la empresa-, había entrado en el inmueble personal de una chatarrería que les mostró una "autorización de la administración para poder llevar a cabo tales actuaciones". Los vigilantes también informaron de que el día 14 de junio habían impedido el robo de los ascensores del edificio "por un grupo de personas, rumanos gitanos", al tiempo que aseguraron que entre los días 14 y 19 de junio no había entrado nadie en el inmueble.

En el estudio remitido al juzgado, el Ministerio Público señala que no se ha aportado a la causa "ningún inventario" de los bienes y del estado en el que dicho edificio se encontraba. "No consta tampoco denuncia por parte del Ayuntamiento, propietario de dichos edificios, con anterioridad a la venta a la entidad Prodetea de los bienes que existían previamente en dicho edificio ni del estado en el que se entregaba", añade.

Lo único que se reconoce, prosigue, es el acto de "disposición de una serie de taquillas, entre 500 y 600, que fueron objeto de venta y por las cuales se recibió la cantidad de 1.768 euros, como consta en la factura". Y realizada una inspección ocular en la chatarrería cuyo dueño está investigado no se halló "ningún efecto" denunciado.

La Policía Local acreditó que la única persona autorizada para retirar material era el agente imputado y la autorización fu dada "exclusivamente" para retirar las taquillas desechadas por el Ayuntamiento por haber quedado "inutilizables", y además ese material, de no haberse retirado, hubiera quedado abandonado en las instalaciones "por inservible".