Sevilla

Fitonovo pagará 19.000 euros por una caída en un parque infantil

  • La empresa alega que no pudo sustituir las losetas de caucho deterioradas a causa de las altas temperaturas, ya que necesitaba la aprobación del Ayuntamiento para ampliar la inversión

Fitonovo tendrá que abonar 18.749 euros por la caída de una mujer en un parque infantil de Amate debido al mal estado de las baldosas. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estima la responsabilidad patrimonial de esta empresa, ahora investigada por la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones y regalos a cambio de la adjudicación de contratos para el mantenimiento y conservación de los parques y jardines de la ciudad.

La adjudicataria alega en un informe presentado al Consultivo que notificaron al Ayuntamiento que era necesario sustituir el suelo de losetas de caucho, ya que se encontraba muy deteriorado por las altas temperaturas y no cumplía con la normativa, al estar endurecido y con grietas debido a la contración y dilatación del material. La memoria precisa que la sustitución de la superficie es abonada a la empresa mantenedora por canon variable, por lo que era necesario el visto bueno del gobierno municipal para poder ejecutarlo. "En este caso, debido a la falta de presupuesto para la sustitución del mismo -siempre según Fitonovo- se optó como medida provisional por rellenar las grietas existentes entre loseta y loseta con caucho triturado, el cual podría haberse perdido cuando se produjo el siniestro".

Aunque resulte correcta la propuesta que descansa en la falta de conservación atribuible a la adjudicataria (el informe demuestra que cabían soluciones provisionales como la que describe hasta la sustitución del pavimento), el Consultivo precisa que el Ayuntamiento de Sevilla debe dar una respuesta específica a lo alegado por el administrador concursal de Fitonovo en vez de limitarse a señalar que no concurre vicio del proyecto ni orden de la Administración. El dictamen considera que la imputabilidad no se ve impedida en los supuestos en que la administración tenga contratada con terceros la prestación del servicio público, sin perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Los hechos se remontan al 9 de mayo de 2014. A. S. B. se encontraba en el parque infantil situado junto al Centro de Salud Amate cuando tropezó con unas baldosas desplazadas a causa de las altas temperaturas "propias del momento del año que ocurrieron los hechos". El Consultivo subraya que las dos declaraciones testificales y el amplio reportaje fotográfico que figura en el expediente atestiguan que los hechos se produjeron de la forma, en lugar y momento descritos por la reclamante, "apreciando el nexo causal y la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que la indemnización corresponda a la empresa Fitonovo", responsable de la conservación y mantenimiento del área infantil en la que ocurre el accidente.

En un principio, la reclamante solicitó una indemnización de 23.531 euros; cantidad que rebaja en el trámite de audiencia a 18.749 euros, aplicando por analogía el baremo propio de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal como consecuencia de accidentes de circulación. El cálculo de la indemnización propuesta parte del informe médico-pericial del Dr. J.B.G., en el que se precisan los días de estancia hospitalaria, impeditivos y no impeditivos, así como la puntuación por secuelas y perjuicio estético.

En otra sentencia reciente, el Consultivo dictaminó que la Gerencia de Urbanismo tenía que abonar 17.575 euros por un caso similar, la caída de una mujer en la Avenida de la Constitución debido al mal estado de las losas del acerado. A diferencia de otros expedientes en los que no existen testigos de la caída, este contó con la presencia de la Policía Local momentos después del accidente. El testimonio de los agentes fue clave para estimar la responsabilidad patrimonial del Consistorio.

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