Sevilla

Griñán insiste en que Rivas "tendrá que dimitir" si se confirman los cargos

  • El presidente de la Junta dice que hay que esperar la decisión que adopte la Audiencia de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, insistió ayer en que el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, "tendrá que dimitir" si la Audiencia de Sevilla confirma su imputación en el intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla.

El presidente andaluz recordó que el auto dictado esta semana por la instructora del caso está recurrido por el delegado de Empleo, a pesar de que la propia magistrada reconoce en la resolución que los indicios contra Rivas son "más débiles" que respecto a los otros implicados. En cualquier caso, Griñán señaló que habrá que esperar a lo que decida próximamente la Audiencia de Sevilla cuando se pronuncie sobre el recurso de Rivas. "Si ese auto es confirmado, el delegado tendrá que dimitir, pero si ese auto no es confirmado y se atiende a las peticiones del delegado, continuará en el puesto", señaló Griñán.

El consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, consideró ayer que el auto de la juez del caso Mercasevilla que mantiene la imputación por cohecho del delegado provincial es "muy positivo" porque en esta resolución la magistrada ha puesto de manifiesto que "existen pocos elementos para procesarle o imputarle".

El consejero andaluz explicó que hay "indicios claramente de falta de responsabilidad" de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales a los hosteleros del grupo La Raza, pero la juez instructora "entiende" que el archivo se tiene que "pedir en otro momento procesal".

La dirección provincial del PSOE de Sevilla mostró ayer su "sorpresa, estupor y contrariedad" por el hecho de que Rivas siga imputado en la presuntas irregularidades en Mercasevilla, a pesar de que la propia instructora reconoce en su resolución la debilidad de los indicios que hay actualmente para incriminar al delegado provincial de Empleo. En un comunicado, los socialistas sevillanos dicen que la juez mantiene la imputación en contra de la doctrina que el Tribunal Supremo tiene establecida en otros casos en los que las únicas pruebas proceden de un coimputado, en este caso de las declaraciones de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. El PSOE, asegura el comunicado, "no entiende por qué la juez encomienda a la defensa del delegado que efectúe las investigaciones y proponga las pruebas que hagan desvanecer la participación de Rivas, porque con este argumento se invierte el principio de presunción de inocencia, convirtiéndolo, de facto, en el principio de culpabilidad", por el que Antonio Rivas se vería abocado a demostrar su inocencia, "algo insólito en un estado de Derecho y contrario al artículo 24 de la Constitución que reconoce el derecho a la presunción de inocencia".

De otro lado, el PSOE considera que el PP "ha fracasado en su intento de implicar al alcalde de Sevilla y se ha llevado un importante varapalo, por lo que se desmorona su estrategia burda y oportunista de intentar salpicar a Alfredo Sánchez Monteseirín en este caso", afirma el comunicado.

El PSOE de Sevilla considera "lamentable y reprochable" que el PP tan sólo se dedique a practicar una política centrada en "intoxicar, dañar y difamar a las personas sin ni siquiera tener la decencia política de pedir disculpas cuando las decisiones judiciales les son contrarias". Así, los socialistas recuerdan el caso del ex concejal de Sevilla José Antonio García, que fue exculpado del caso de las facturas falsas del distrito Macarena; del ex edil de Gines Patricio Jiménez; y el del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en el que el Tribunal Supremo "ha desmontado la sucia y miserable campaña del PP para dañar la imagen de un político honesto, trabajador, íntegro y que ha liderado el desarrollo y el avance de Andalucía en los últimos 20 años".

Por último, la dirección provincial estima que el camino emprendido por los populares de "judicializar la vida política en Sevilla y Andalucía no es el adecuado para la democracia: sólo consiguen desprestigiar a la clase política y dañar a las personas denunciadas".

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