La Agencia Tributaria de Sevilla dejó sin recaudar tributos a los ciudadanos y otros ingresos municipales pese a que aún no había transcurrido el plazo para declarar la prescripción del cobro. Ésta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por la Intervención municipal sobre el control financiero del Ayuntamiento durante los ejercicios 2014 y 2015 tras la auditoria solicitada después de que se resolvieran las deficiencias detectadas con motivo del fallo de seguridad en la página web de la Hacienda Local en septiembre de 2015.

En el análisis de la Intervención destaca la antigüedad de las deudas declaradas prescritas, algunas de ellas con más de 20 años desde su emisión. Los técnicos no entienden por qué se ha acudido a la prescripción en lugar de la declaración de créditos incobrables o fallidos. "La antigüedad de las deudas vulnera los principios de eficacia y economía, al destinar recursos materiales y humanos del organismo en un proceso recaudatorio inútil, en aquellas deudas que debieron ser declaradas incobrables, ante las reiteradas notificaciones infructuosas y no obtener información de bienes suficientes para proceder contra el patrimonio del deudor", señala el informe.

Considera necesario mejorar las aplicaciones informáticas o que se instalen unas nuevas

En relación con las prescripciones del cobro en 2014, de todos los valores afectados destacan los 46.198 expedientes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por un importe de 9,3 millones, los 42.246 expedientes del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) por valor de 2,8 millones o los 33.191 expedientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por un importe de 3 millones. En 2015 los valores declarados prescritos son exclusivamente multas de tráfico. "Lo que hace suponer que se decide de forma discrecional los expedientes de prescripción que hay que instruir en cada momento sin que exista un control periódico igual para todos". La Intervención no entiende la prescripciones de otros conceptos como son las concesiones administrativas o la tasa de los mercados alegando que no se pueden localizar a los destinatarios cuando desarrollan su actividad en un espacio municipal.

En las conclusiones aparece que resulta altamente llamativo el enorme número de valores en los que consta una identificación fiscal ficticia, puesto de manifiesto en el informe de Auditoría de los Sistemas de Información empleados por la Agencia Tributaria de Sevilla. "También hemos detallado el gran número de valores declarados prescritos de entidades públicas y privadas, de nombre muy conocido y de fácil acceso, así como algunas de ellas con las que mantiene el Ayuntamiento relaciones comerciales, por lo que podría haberse utilizado el procedimiento de compensación de deudas de oficio". La Intervención tampoco entiende la declaración de prescripción de organismos públicos sin haber hecho intentos de notificación en el domicilio.

En la documentación presentada por la Hacienda Local, el interventor ha detectado defectos de notificaciones y del procedimiento, y no consta que exista control de estas notificaciones ni investigación de los domicilios, para evitar prescripciones. También pone el punto de mira en los programas informáticos. "No existe una correcta intercomunicación entre las distintas unidades administrativas para la resolución de los recursos con todas las garantías. Se desconoce si el programa informático recoge todas las notificaciones que se realizan en el procedimiento de gestión y en el de recaudación y, en su caso, el error padecido pudiera ser consecuencia de la falta de actualización de los registros informáticos".

A la vista de los resultados obtenidos en el informe sobre control financiero, la Intervención municipal sugiere al personal responsable de la Agencia Tributaria de Sevilla la adopción de medidas tendentes a minimizar los riesgos detectados y mejorar el control de los expedientes para evitar posibles prescripciones. Estas medidas se resumen en mejorar la intercomunicación entre las distintas unidades y departamentos de la propia Hacienda local, así como con otras unidades del Ayuntamiento y de otras administraciones con las que se mantiene la gestión compartida de determinados conceptos de ingresos. "Todo ello, con la finalidad de la subsanación de errores y deficiencias. Igualmente, se estima necesaria la revisión y mejora, tanto de las aplicaciones informáticas, como de los modelos de los informes y resoluciones".

Este informe de la Intervención se suma a la auditoria que concluyó que el mal funcionamiento de la Hacienda local ha dejado en el aire el cobro de 176 millones. Entre los riesgos que aparecían reflejados en el resumen del conjunto de debilidades detectadas que provocan una disminución de la eficacia recaudatoria se encuentra esa cifra relacionada con embargos de vehículos o inmuebles que están pendientes o en ejecución desde 1989 hasta el año pasado. Muchas de estas reclamaciones de bienes ya prescribieron.

Hubo más riesgos localizados en la auditoría solicitada después de que se resolvieran las deficiencias detectadas con motivo del fallo de seguridad en la página web en septiembre de 2015. En el documento se detalló que las liquidaciones con NIF erróneos (más de dos millones en la actualidad) no podrían cobrarse si llegan a la fase ejecutiva, realizándose periódicamente cruces de datos para intentar corregir la información errónea sin analizar casuísticas concretas. En el sistema de gestión tributaria y de recaudación denominado ALBA -que funciona desde el año 2000- hay un expediente en fase pendiente de embargo de vehículos desde hace siete años con un importe de 7,5 millones que pertenece a Endesa. Los técnicos aseguran que ya se encuentra resuelto, ya que se está ejecutando la deuda.

La auditora Deloitte apuntó en su informe, al que tuvo acceso este periódico, que la falta de actualización de algunos datos en este sistema de gestión interna de la Agencia Tributaria de Sevilla que utilizan a diarios los funcionarios posibilita emitir liquidaciones incorrectas, errores en bonificaciones, así como incidencias que repercuten en que no se realicen los derechos de crédito tributario.

En algunos casos no se fuerza la introducción de datos que serían necesarios para evitar la merma de ingresos o se permite grabar datos erróneos. Otra de las debilidades encontradas es que las acciones manuales en procesos asociados a calendarios de pago incrementan el riesgo de pérdidas de ingresos.