Francisco Portales Casamar era el jefe del matadero municipal cuando el 11 de agosto de 1936, un mes después del golpe militar, lo detuvieron acusado de rebelión. Como él, casi 500 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla fueron cesados y sometidos a algún tipo de proceso de depuración por motivos políticos, ideológicos o de creencia, según se recoge en el trabajo de investigación presentado ayer por el gobierno local en un acto donde se entregaron a los familiares de cinco de estos trabajadores, a modo representativo, una declaración de reparación y reconocimiento personal, tal como el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla solicitó por unanimidad al Ministerio de Justicia en 2016.

"Desde la cárcel, mi abuelo, que no entendía por qué estaba preso, envió hasta nueve cartas a mi abuela dándole confianza y diciéndole que aquella situación se resolvería en pocos días. Estaba convencido de que no le iba a pasar nada hasta el último minuto", señala María Luisa Hernández Portales, nieta de Francisco Portales, que ayer recogió junto a dos parientes una de las declaraciones de reparación. En la última carta de su abuelo, éste dice que "tiene la plena convicción" de que no le pasará nada: "Mi autodefensa ha pesado más sobre el tribunal que toda la ensarta de calumnias que esos cobardes desdichados han lanzado sobre mí", escribió Portales. Trece días después de su detención fue fusilado.

El trabajo que recopila el libro Fuentes documentales para la Memoria Histórica de Sevilla. La represión franquista en el Ayuntamiento de Sevilla se basa, principalmente, en las investigaciones del historiador José Díaz Arriaza y la documentación conservada en el Archivo Municipal. Esto ha permitido elaborar unas tablas donde se registran todas las represalias que padecieron 479 empleados municipales entre 1936 y 1939 por parte de la Comisión Gestora, órgano de gobierno que sustituyó y suplantó a la propia institución municipal. Para identificarlos, se han consultado 732 expedientes de la sección de Personal que datan de 1912 a 1977.

Estos trabajadores fueron cesados temporal o definitivamente de sus puestos de trabajo al ser considerados sospechosos de cometer actos contra el nuevo régimen. Muchos fueron detenidos o ejecutados. Entre ellos había miembros de la Policía Local (entonces, Guardia Urbana), Bomberos y personal subalterno (peones, porteros, celadores, vigilantes, pintores), de limpieza, beneficencia y el matadero. No todos eran hombres. En la lista hay 46 mujeres: limpiadoras, ayas, porteras, matronas y lavanderas. Todos sufrieron humillaciones y, en muchos casos, tuvieron que recurrir a la caridad tras perder sus empleos.

Aunque el libro editado por el Ayuntamiento cita a 479 empleados, el historiador José Díaz Arriaza habla de una cifra más alta. "En el momento que se hizo el libro, yo tenía registrados a 2.307 empleados municipales, de los cuales 518 fueron cesados definitivamente. Ahí incluyo no sólo a funcionarios, también a personal de excedencia, interinos y eventuales. De estos 500, 134 personas fueron detenidas y 28 ejecutadas", comenta Díaz, autor del libro Ni localizados, ni olvidados, un exhaustivo trabajo sobre las fosas comunes del cementerio de Sevilla donde se hallan casi 4.000 cuerpos sin identificar. El historiador ha continuado con sus investigaciones tras participar en el libro editado por el Ayuntamiento y, actualmente, tiene identificados a 2.731 empleados públicos, de los cuales 928 fueron cesados y 30 ejecutados por el régimen franquista.

Manuel Cejas, abuelo del alcalde, fue uno de los trabajadores municipales sancionados en el 36

Uno de estos trabajadores expulsados de su empleo fue el abuelo materno del actual alcalde, Juan Espadas Cejas, el recaudador Manuel Cejas. El interés por descubrir las causas y razones de la expulsión de su abuelo, llevó a Espadas a impulsar una investigación exhaustiva sobre los empleados públicos en la misma situación, que fue finalmente aprobada por unanimidad por el Pleno municipal en 2016.

José del Castillo Díaz, compositor y director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Sevilla, y Alfonso Lasso de la Vega, primer alcaide del Real Alcázar de Sevilla, fueron otros de los represaliados por el franquismo. "Mi padre estuvo tres meses en la cárcel y, cuando salió, tuvo que marcharse a Portugal para que no lo mataran. En vida, volvió varias veces a Sevilla, pero de visita, nunca se asentó de nuevo aquí. Fue un exilio obligado", comenta Jorge Lasso de la Vega, hijo de Alfonso Lasso de la Vega, tras recoger otra de las declaraciones de reparación concedidas. "Este documento es un alivio a todo el sufrimiento".

El acto institucional en el salón Colón del Ayuntamiento estuvo presidido, además de por el alcalde, por la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, y la delegada municipal de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño. El gran ausente fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que canceló horas antes su asistencia al acto.

La convocatoria resultó gratificante para muchos pero también insuficiente para otros. En las filas de las propias asociaciones de Memoria Histórica de la ciudad hubo diversidad de opiniones y, mientras algunos miembros acudieron al acto, otros se concentraron en la puerta del Ayuntamiento en protesta por lo que sucedía dentro. "Apoyamos a los trabajadores represaliados pero no queremos papeles, queremos la exhumación de los cuerpos que están en las fosas del Cementerio, que están en unas condiciones lamentables", comentó María Luisa López, de la Asociación Nuestra Memoria. "Estamos en contra de este acto institucional, de cómo se ha hecho. Hay 4.500 personas enterradas en las fosas y nadie se acuerda de ellas", indicó otro de los congregados.

José Díaz Arriaza, experto en las fosas del cementerio, aseguró ayer que ya están en proceso de licitación las actuaciones en las fosas Pico Reja, la del Monumento y la conocida como la Antigua, para la localización y exhumación de los cuerpos aquí enterrados.