El Defensor del Pueblo Andaluz investiga supuestas irregularidades en una promoción de viviendas de protección oficial de alquiler con opción a compra en Los Bermejales Sur, en la calle Austria 1. Un total de 230 familias con baja renta alquilaron estos pisos con garaje atraídos por la opción de compra a los 25 años y, ocho años después, se encuentran con que esa posibilidad no existía porque el documento no fue visado, como marca la ley, por parte de la promotora privada SE-Perian, que compró en 2003 los suelos a la Gerencia de Urbanismo por 3,1 millones de euros con el compromiso de levantar estas viviendas conforme al Real Decreto 1/2002.

Ese derecho lo firmaron junto al contrato de renta, en mayo de 2007, pero sin visado oficial carecería de validez. La promotora los obliga, desde octubre de 2015, a firmar un nuevo contrato más caro (incorpora el IBI y la actualización de las rentas) al asegurar que el inicial se ha extinguido, y amenaza con desahuciar a los vecinos que se niegan, aunque los tribunales están denegando esos desahucios por estar ligados los contratos a esa opción de compra inicial. La promotora privada, del grupo Arttysur que preside Javier Fal-Conde, construyó esta promoción de pisos de alquiler en los suelos municipales de Los Bermejales que quedaron libres en 2004 tras el desalojo de familias chabolistas a golpe de billetes, cuando era gerente de Urbanismo Manuel Marchena en el mandato de Monteseirín.

La opción a compra de las viviendas se publicitó en anuncios en la prensa en 2006, meses antes de sacar la promoción. El documento original, entregado al Defensor, reza en su estipulación tercera que la opción a compra "podrá ejercitarse por el adjudicatario en el plazo de tres meses a contar desde la finalización del régimen de protección de la vivienda adquirida". Los vecinos mantienen que la ley les permite ejercer ese derecho a los diez años, mientras la promotora dice que no podrán hacerlo hasta el año 2032. En la nueva opción a compra que viene en los nuevos contratos no consta precio de la futura compraventa, que será fijado por SE-Perian.

El Defensor investiga si se ha incumplido la ley de vivienda pública. Ha pedido más datos a las administraciones competentes: la Delegación provincial de Fomento y Vivienda y la Gerencia de Urbanismo. Si detecta un ilícito penal lo llevará a la Justicia. Si se demuestra que hay ilegalidad, la Gerencia puede retirar la catalogación de vivienda pública.

Los vecinos reclaman que se declare nulo el contrato que la promotora firmó con la Gerencia de Urbanismo por los incumplimientos del promotor y que las viviendas pasen a ser del Ayuntamiento (Emvisesa). Preparan una querella contra el dueño de la promotora y se han constituido en la asociación de vecinos Arttysur para defender sus derechos.

Hay más supuestas irregularidades que se han puesto en manos del Defensor. La segunda es que cinco pistas de pádel privadas ocupan el patio donde, según el proyecto inicial, debía ir una zona de jardines para los vecinos, que critican que se paga su mantenimiento con la elevada comunidad que pagan: de 60 a 80 euros, según los metros de la vivienda.

Los tribunales han determinado que el promotor debe desmantelar esas pistas y construir el patio comunal que debe tener la promoción, pero la sentencia, de 20 de marzo de 2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se ha cumplido. Los vecinos conocieron recientemente que la Gerencia de Urbanismo recibió en su día este dictamen judicial pero estaba guardado en un cajón. Con el nuevo gobierno de Juan Espadas, Urbanismo ha encargado un proyecto para dotar el interior del edificio de los espacios libres adecuados (licitado por 72.000 euros, IVA incluido) y tendrá que obligar al promotor a ejecutarlo. El dueño de Arttysur admite que tiene que desmantelar las pistas y dice que las construyó "como atractivo para alquilar las viviendas y porque esa instalación es mejor que el albero" del diseño original del patio. Defiende que no las ha tirado ya porque más de la mitad de los vecinos quieren esas pistas y enseña 166 firmas supuestamente a favor recabadas en 2010.

La tercera supuesta irregularidad es que la promotora ha construido más viviendas de las que le permitía Urbanismo: hay 230, frente a las 164 como máximo que le permitía la Gerencia de Urbanismo en las escrituras firmadas. Así no hay viviendas de tres dormitorios, pese a lo publicitado, sino de dos.

La cuarta, que los gastos de comunidad (de 60 a 80 euros al mes) no están pactados en contrato como debía ser. Pagan una renta de 325 euros más IVA.

La quinta, que el edificio y los baños de las viviendas no están adaptados a personas con movilidad reducida, como marca la ley. Hay enormes bordillos y escalones en tres de los cuatro accesos al bloque imposibles para Manuel, un vecino que se mueve en silla de ruedas y alquiló la casa porque la promoción incluía un cupo para personas como él. La rampa interior de entrada al bloque tampoco tiene la inclinación del 8% que marca la ley, sino cinco veces más. Manuel no puede subirla solo y al bajarla coge demasiada velocidad. Los baños de los pisos tampoco están adaptados ni en la ducha ni el váter, y las escaleras del garaje carecen de barandilla. Los vecinos se preguntan cómo Urbanismo y la Junta consintieron esto. Han denunciado estos hechos al Ayuntamiento y lo denunciarán a los servicios sociales.

El dueño de la promotora, Javier Fal-Conde, defiende que los bloques cumplen con la ley y tienen las autorizaciones de Urbanismo y la Junta y sitúa el origen de las "quejas alarmistas" en "tres inquilinos que ya no cumplen los requisitos y tienen que dejar la vivienda".