Iturri figura entre los imputados en una investigación judicial a la Generalitat

Eduardo José Díaz, directivo de la empresa sevillana Iturri, contratista en Cataluña, figura entre los imputados en el caso de la presunta corrupción que afecta a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat, según informó ayer La Vanguardia.

Desde 2002, la empresa Iturri S.A. ha sido siempre la adjudicataria de todas las licitaciones que se han tramitado por este servicio y, en la práctica totalidad de ellas, fue la única licitadora. La empresa Iturri se ha visto implicada en otras causas investigadas en otras comunidades, pero ha negado al diario que haya facturado trabajos que no se hayan hecho. Esta sociedad prestó el servicio durante la última década tras ofrecer mejores condiciones económicas, si bien las cifras han mostrado un gasto total que casi dobla el presupuesto inicial.

El juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha imputado por presunta corrupción a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat, tras hallarse indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2 % en el servicio de mantenimiento de los vehículos del cuerpo.

La juez ha citado a declarar el próximo viernes al que fue director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el pasado mes de junio, Manel Pardo, y a su sucesor, Joan Delort.

La misma información apunta que se han encontrado facturas duplicadas y hasta triplicadas de reparaciones que nunca se realizaron en camiones de extinción de incendios.

El jefe del servicio técnico de Bomberos advirtió en abril de que el contrato de la empresa Grupo Iturri ya no tenía saldo después de compensar el primer trimestre la desviación presupuestada del ejercicio anterior, que cerró con una deuda de algo más de 1,7 millones.

Esta situación forzó una reunión de urgencia en la consellería de Interior durante la cual Manel Pardo defendió su gestión y aseguró que el contrato estaba "históricamente mal dimensionado a nivel económico", por lo que la deuda se acumulaba cada año. El entonces conseller, Miquel Sàmper, encargó una información reservada y envió el informe a la Fiscalía.