La asociación Jueces para la Democracia (JpD) apoya la convocatoria de juntas de jueces en toda España el próximo día 21 para estudiar las repercusiones del "caso Mari Luz" en el ámbito judicial, al tiempo que rechaza las "injerencias reiteradas" del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial.

Así lo expresa JpD en un comunicado emitido hoy, en el que acusa al Gobierno de tratar de condicionar la actuación disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ejecutó una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Esta asociación de jueces progresista reclama que la exigencia de responsabilidad de los jueces "no sea utilizada demagógicamente para ocultar las responsabilidades políticas en las deficiencias crónicas de la Administración de justicia".

Además insta al CGPJ a defender con contundencia su propia independencia, y la del Poder Judicial, y responder de forma clara y decidida ante las "descalificaciones gratuitas".

En la nota, JpD aprovecha para denunciar las "deficiencias estructurales" que aquejan a la Administración de Justicia, en concreto la "injustificable" carencia de medios y la "falta de racionalidad" en su utilización. Según Jueces para la Democracia, es necesario acometer con urgencia una serie de reformas legales que garanticen el desarrollo de una nueva oficina judicial y la adecuación de la planta judicial al volumen real de trabajo. Asimismo, pide una revisión de la política de nombramientos judiciales "discrecionales".

Por último, JpD muestra su apoyo a las juntas de jueces convocadas el 21 de octubre, rechaza que supongan la paralización de la actividad judicial y pide que se desvincule de los paros convocados por los secretarios judiciales ese mismo día para protestar por la sanción impuesta a su compañera del Juzgado de Sevilla, del que es titular Rafael Tirado.