El Gobierno andaluz no seguirá esperando al de España para asegurar que la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla tengan una conexión que permita a los viajeros una fácil intermodalidad en el transporte. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció este miércoles, durante su participación en el Foro Joly, que su consejería va a licitar un estudio de alternativas, para tener toda la información necesaria para tomar una decisión sobre cómo y con qué fórmula de gestión se conecta a ambas infraestructuras. 

“No sabemos nada de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto”, dijo Carazo en su discurso sin ocultar un tono de reproche al Gobierno de España. “Ante esta situación de olvido”, afirmó, su departamento ha decidido “licitar antes de final de año”, un estudio informativo sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto.

En base a este estudio informativo y contando con la colaboración público-privada –algo que fue un eje de toda su intervención–, se ejecutará un estudio de viabilidad para conocer la opción más optima para esa conexión. “Este Gobierno decide y este Gobierno no para. Todos los proyectos son importantes”, dijo antes de que el público la interrumpiera con un aplauso.

En el coloquio con el el director de Diario de Sevilla, José Antonio Carrizosa, Carazo concretó que este estudio informativo se licitará con un precio de salida de 150.000 euros.

También señaló que se perdió la oportunidad de que ese enlace estuviese ya hecho, porque formaba parte del eje ferroviario transversal que el anterior Gobierno de la Junta dejó sin ejecutar en 2008, al inicio de la anterior crisis. 

Recordó igualmente que la capital andaluza es la única entre las ciudades con mayor población de España que carece de una conexión entre su principal estación de tren y su aeropuerto, a pesar de que, como enfatizó, éste es uno de los que más crecimiento de viajeros registraba antes de la pandemia del Covid-19.

Carazo, en cualquier caso, consideró vital esta conexión y recordó que hay un número potencial de usuarios que pueden hacer viable la misma, para lo que volvió a apelar a la colaboración público-privada como fórmula de ejecución y futura gestión.

La consejera prestó mucha atención en su intervención a las infraestructuras pendientes en la provincia de Sevilla y fue tajante a la hora de volver a pedir al Gobierno de España que ejecute los túneles de la SE-40, una obra que, recordó, también es vital para las conexiones con las provincias de Huelva y Cádiz.

“Resulta incomprensible que 14 años después de su inicio [la SE-40] siga sin fecha de finalización, con tramos sin ejecutar y, lo que es más grave, que ocho años después de que suspendiera la ejecución de los túneles para el paso del Guadalquivir sólo se planteen nuevos estudios”, se quejó Carazo, que agregó: “Gobernar es tomar decisiones, porque de ello depende el futuro de todos”, en clara contraposición con la decisión que sí toma la Junta respecto a la conexión Santa Justa-aeropuerto.

Es más, si dependiese de la Administración autonómica, la decisión ya estaría tomada, a tenor de sus palabras: “Sevilla reclama una decisión sobre la SE-40, que, a nuestro juicio, pasa con seguir adelante con los túneles”.

Carazo apremió al Ejecutivo de Pedro Sánchez a actuar: “No debemos perder más tiempo ni dinero, porque les recuerdo que cancelar ese proyecto tendrá un coste, un proyecto que ya estaba encarrilado y que afecta a nuestra futura planificación, en concreto, a la redacción del Plan de Infraestructuras y Transportes de la Movilidad de Andalucía, Pitma 2021-2027”.

Por si no había quedado clara su reivindicación, Carazo remachó: “Exigimos al Gobierno de España decisión y compromiso para acabar la SE-40”.

La tercera infraestructura sevillana a la que se refirió la consejera es el Metro de Sevilla. Recordó que su Consejería está actualizando los proyectos constructivos de la línea 3, que destacó que llevaban “más de diez años olvidados en un cajón” por los anteriores gobiernos de la Junta. “Hemos logrado adjudicar la actualización del tramo norte y también hemos sacado a licitación el del tramo sur, ampliado hasta Bellavista  y con el estudio de mejoras de su trazado.

Carazo tiene claro que la 3 será “la línea de los hospitales” porque dará servicio a los principales centros sanitarios públicos y privados de Sevilla, así como a barrios tan poblados como Pino Montano y Bellavista, además de garantizar la movilidad hacia la futura Ciudad de la Justicia.

Preguntada por si cree compatible el desarrollo del Metro con el del tranvía –el Metrocentro–, la consejera respondió que ella ya se ha pronunciado sobre eso, que lo ve compatible y que no cuestionará las competencias municipales, cuyos gobernantes –estaba presente el Delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz– apuestan por aumentar el trazado del Metrocentro, primero hasta Santa Justa desde San Bernardo, y de ahí hasta el centro de nuevo.

Carazo insistió mucho en que este Gobierno confía en las empresas y por eso reiteró en muchos de los temas que tocó en su intervención la vocación que tienen por fomentar inversiones con un modelo de colaboración público-privada. Es más dijo, que en “todas y cada una de las iniciativas de la Consejería será vital la colaboración público-privada”, tanto para el desarrollo de infraestructuras de nueva construcción como para dotar de nuevas viviendas en Andalucía.

Precisamente, en materia de vivienda, Marifrán Carazo destacó que el Plan Vive, el nuevo programa de vivienda para el decenio 2020-2030, que el Gobierno andaluz aprobó el 30 de junio.

Críticas a los gobiernos anteriores

“En vivienda partimos de una situación muy deficitaria”, dijo en tono muy crítico: “Los anteriores gobiernos socialistas estuvieron una legislatura completa sin plan de vivienda, de 2012 a 2016,  en plena crisis inmobiliaria, cuando los desahucios se contaban por cientos”. No fue el único reproche: “A pesar de que el anterior convenio con el Ministerio para la financiación de la política de vivienda puso a disposición de Andalucía 196 millones, sólo se solicitaron 116, con lo que renunciaron a 80 millones; y, además, de esos 116 sólo se ejecutaron 92 millones”.

También afeó que no se pagaban las ayudas a la promoción de viviendas en alquiler, ni las de compradores de VPO, ni las de instalación de ascensores a las comunidades de propietarios, ni pagaban a las agencias de fomento del alquiler e inquilinos. “Es que ni siquiera se resolvían las ayudas al alquiler” para los ciudadanos. Cuando llegó al Gobierno, dijo, en enero de 2019, encontró 10.000 solicitudes de 2017 del Programa Alquila en Málaga y Sevilla sin resolver y otras 40.000, de la convocatoria de 2018. Para contraponer esa gestión con la actual dio un ejemplo: “Del Programa Alquila, durante los 14 meses previos al estado de alarma se resolvieron 4.240 solicitudes por más de 17 millones, y tras la aprobación del decreto de agilización, en cuatro meses, se han resuelto 5.214 solicitudes por un importe superior a 21,5 millones”.