La Junta retrasa desde 2003 la norma para modernizar el taxi

El Reglamento andaluz del taxi, la normativa que debía modernizar el sector y mejorar de una vez la prestación de este servicio público en toda la comunidad, sigue pendiente de aprobación desde el año 2003 por la obligación que marcó la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Casi una década. Las ordenanzas municipales del taxi, como la de Sevilla, necesitan el reglamento para renovarse.

La ratio de licencias por habitante, el régimen de sanciones (hasta 2.760 euros de multa por infracciones muy graves), y la exigencia a jubilados y viudas de explotar directamente la licencia son aspectos esenciales que fija el reglamento por primera vez. Se prohíbe arrendar o ceder la licencia y el vehículo del taxi. Los Ayuntamientos concederán las licencias por concurso y llevarán un registro de las mismas.

Por primera vez se regula la creación de áreas de prestación conjunta del taxi entre varios municipios (Sevilla y su corona podrían unirse, por ejemplo) y se obliga a fjar en ordenanza municipal el funcionamiento de las emisoras telefónicas del taxi.

El texto final que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda pactó y cerró con todas las partes implicadas en agosto de 2010 lleva año y medio atrapado en una maraña de burocracia política del Gobierno de la Junta y aún le queda superar el trámite de revisar su legalidad en el Consejo Consultivo de Andalucía.

Obras Públicas mantiene que el texto se encuentra en el nivel del visto bueno de los viceconsejeros, el llamado consejillo. Y ahí lleva meses, pese a que los viceconsejeros se reúnen cada semana. La Dirección General de Transportes de la Junta, que ahora dirige la socialista Josefa López Pérez, se niega a dar explicaciones a la prensa sobre las causas que están dilatando los trámites.

Sobre las licencias, en las ciudades con más de 650.000 habitantes, como es el caso de Sevilla, el texto pactado fue fijar "que los Ayuntamientos podrán tener como índices orientativos el 2,5 por mil", es decir: 2,5 licencias de taxi por cada mil habitantes. La cifra coincide con la reinvidicación del gremio sevillano y con el reciente estudio del Consistorio que revela que en Sevilla sobran 460 licencias de las más de 2.200 actuales.

En municipios de hasta 50.000 habitantes, la ratio orientativa es de 0,50 licencias por mil. Los de menos de 50.000 habitantes no integrados en áreas de prestación conjunta, podrán optar por la modificación del número de licencias de taxis sin necesidad de acudir a los parámetros y al procedimiento previsto en el artículo 12, siempre que no se supere el 0,60 por mil.

Las viudas que no estén explotando la licencia directamente tienen cuatro años para regularizarse, ya que la norma obliga a explotarla directamente. Los jubilados que hagan lo mismo sin estar dados de alta en la Seguridad Social tienen 15 meses de plazo para darse de alta o transferir la licencia.

Quedan poco más de dos meses para las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La patronal de autónomos del taxi está convencida de que hay intereses electorales para demorar la aprobación de este reglamento clave. "El Gobierno andaluz quiere sacarlo adelante dos días antes de las elecciones. Sea por oportunismo electoralista o por incompetencia de la Consejería de Obras Públicas, el señor Griñán está ninguneando a más de 10.000 familias después de 14 años haciendo borradores del texto del reglamento", protesta Fernando Morales, vicepresidente de la Federación andaluza del Taxi.

Desde los sindicatos, hay interepretaciones opuestas. La federación andaluza de transportes de CCOO asegura que sigue habiendo desacuerdo con las patronales sobre el porcentaje de licencias de taxi por habitante que refleja la norma. CCOO sostiene que por esta causa se celebró hace tres meses una nueva reunión de las partes, pese al texto cerrado, y que no tendría nada de extraño que los autónomos retiraran su apoyo del texto como ya hicieron en ocasiones anteriores. La federación de taxistas lo niega.

Desde UGT, el secretario general de Transportes de Sevilla Rafael García supone que el Gobierno andaluz habrá priorizado otros temas diferentes a la aprobación del reglamento tras los cambios políticos en la Junta. UGT asegura que no hay motivos económicos porque "la norma no supone un compromiso presupuestario importante".