La empresa Mercasevilla confirmó ayer el despido disciplinario de sus exdirectivos Daniel Ponce y Regla Pereira, pues la supuesta petición de comisiones ilegales por la que se ha abierto juicio oral contra ellos supone una "deslealdad a la empresa" y una "trasgresión de la buena fe contractual".

Una vez recibidas las alegaciones de ambos y del comité de empresa, Mercasevilla entiende que sus argumentos "no desvirtúan los hechos imputados", por lo que, según las atribuciones del convenio colectivo, procedió ayer a su despido disciplinario, que notificó personalmente a Ponce, exsubdirector del mercado central, y por burofax a Pereira, exdirectora de Proyectos.

Ambos, junto al ex gerente Fernando Mellet y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, han sido procesados por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería del Mercado Central.

La carta dirigida a Ponce asegura que las conductas que le imputa la juez de instrucción 6 de Sevilla fueron cometidas "aprovechando su posición en la estructura orgánica" de la empresa y "con clara extralimitación de las facultades conferidas".

"Su cargo como subdirector requería de una mayor y especial honorabilidad y responsabilidad para desempeñar las funciones relacionadas con la dirección de la compañía", lo que motiva que Mercasevilla "haya perdido la confianza depositada en usted", explica la carta de despido.

El presunto cohecho del que está imputado "es constitutivo de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealdad a la empresa y trasgresión de la buena fe contractual", según lo previsto en el Convenio de la empresa y el Estatuto de los Trabajadores, por lo que Mercasevilla procede al despido disciplinario de Ponce y Pereira y les notifica que tienen a su disposición su finiquito en las oficinas de la empresa.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para cada uno de los cuatro acusados, mientras que el PP y el PA, que ejercen la acusación, solicitan un año de cárcel, 13 de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones de euros.

Ponce recurrirá su nuevo despido y esgrimirá el ya declarado improcedente en 2010. El comité de Mercasevilla pide que los despidos de Ponce y Regla Pereira no reviertan en "un perjuicio mayor".