El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, uno de los cuatro imputados por el presunto intento de cobro de una comisión de 450.000 euros en el Mercado Central, se ha querellado contra los hosteleros de La Raza José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, a los que acusa de revelación de secretos y delitos contra la intimidad por la grabación que realizaron y que destapó el caso.

El abogado José Manuel Carrión, que defiende a Fernando Mellet, explicó que estas grabaciones se efectuaron "de forma subrepticia, sin autorización judicial alguna, sin consentimiento de los participantes, que desconocían la utilización del artefacto de grabación, y mediante un ardid que disfrazaba las verdaderas intenciones de los querellados". En la querella, de 53 páginas, el letrado sostiene que la conducta de los empresarios puede enmarcarse en el artículo 197 del Código Penal y considera que la "ilicitud" se produce tanto en el momento anterior como posterior de la grabación, "en su utilización para presentarla en el juzgado sin consentimiento del otro interlocutor y en su posterior difusión con finalidades políticas".

La querella argumenta que los hosteleros se "apoderan de la conversación y de un contenido" que se utilizó en perjuicio de Fernando Mellet, por lo que la forma de proceder de los denunciantes del cohecho "revela el conocimiento de la antijuricidad de su conducta y la concurrencia del dolo en su proceder". El ex director general de Mercasevilla entiende asimismo que se ha producido una intromisión en su intimidad, porque el "despacho profesional donde éste celebra sus reuniones pertenece a su esfera íntima" y lo relevante no es el contenido estricto de la información obtenida, sino "cómo se ha recogido y registrado mediante una grabación subrepticia, y el lugar dónde se ha llevado a cabo, el reducto reservado de un despacho profesional como gerente de una empresa".

Sobre la grabación realizada, la querella insiste en que la utilización de un "dispositivo oculto" de captación de la voz se basa "en un ardid o engaño, que se despliega simulando una identidad oportuna para poder acceder a un ámbito reservado de la persona afectada con la finalidad de grabar su comportamiento o actuación desinhibida, provocar sus comentarios y reacciones, así como registrar subrepticiamente declaraciones sobre hechos o personas, que no es seguro que hubiera podido lograr si se hubiera presentado con su verdadera identidad y con sus auténticas intenciones".

Para el abogado de Fernando Mellet, la grabación de la voz "intensifica" la vulneración del derecho a la propia imagen mediante la "captación inconsentida de específicos rasgos distintivos de la persona que han más fácil su identificación". José Manuel Carrión precisa que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero pasado señala que no existiendo un consentimiento "expreso, válido y eficaz" prestado por el titular del derecho afectado, "es forzoso entender que hubo una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad personal" y que esta intromisión es constitutiva de delito.

Mellet está imputado en el caso del presunto cohecho de Mercasevilla junto al ex subdirector Daniel Ponce, la directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, y el ex delegado provincial de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. La Fiscalía ha pedido para los cuatro procesados por un delito de cohecho una multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses. Este caso fue investigado por la juez Mercedes Alaya y del mismo surgió el escándalo de los ERE y las irregularidades en la ayudas sociolaborales.