Monteseirín subastará patrimonio municipal para pisos de renta libre

El Ayuntamiento de Sevilla volverá a subastar parte de su patrimonio inmobiliario para obtener ingresos con los que poder apuntalar a la empresa municipal de transportes, Tussam, cuya situación financiera se encuentra en estado crítico, casi de no retorno, al situarse en una coyuntura de quiebra real. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha dado luz verde a una operación urbanística que implica volver a vender al mejor postor parte del suelo público municipal -donde ahora se construirán pisos de renta libre, los más caros del mercado y, en consecuencia, los que mayor beneficio dejarán- con vistas a beneficiar a esta sociedad municipal, que también recibirá la gestión de los nuevos espacios inmobiliarios que, como resultado del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se generarán en el Prado de San Sebastián.

Esta singular decisión, inusitada tras ocho años de gobierno -primero con el PA y después con IU-, supone la vulneración, por parte del propio gobierno local, del principio político instaurado en 1999, cuando el Consistorio decidió detener todas las subastas de suelo residencial para evitar que, con este tipo de operaciones -muy rentables desde el punto de vista económico-, el mercado inmobiliario se recalentase y, como consecuencia, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se encareciera. Desde hace ocho años, el gobierno local había limitado las operaciones de venta al mejor postor exclusivamente al suelo terciario (comercial y oficinas), reservando todos los terrenos residenciales exclusivamente a promociones de vivienda protegida. En su día, la patronal de la construcción Gaesco, criticó públicamente la práctica de las subastas de suelo municipal por estimar que estas operaciones afectaban negativamente al precio del suelo y, en consecuencia, de los pisos.

Ahora, sin embargo, Monteseirín ha optado por cambiar de criterio -sobre el que existía además un consenso político entre todos los grupos políticos municipales- debido a la delicada situación financiera de Tussam, cuya gestión en los últimos años -está gobernada por el PSOE desde 1999- ha dado como resultado la multiplicación de su deuda viva. El plan inmobiliario para salvar Tussam se apoya en tres pilares: la venta para pisos de renta libre del edificio municipal de Diego de Riaño -ahora ocupado por oficinas municipales, donde se construirán viviendas libres que podrían dejar más de 10 millones de euros a las arcas municipales-, la ampliación de las cocheras del tranvía -donde en teoría no pueden ir más que oficinas municipales, dada su calificación urbanística- y, por último, la resurrección -ocho años después de su paralización- del edificio de oficinas que diseñara Rafael Moneo para la alcaldesa Soledad Becerril. Esta iniciativa, en parte, ya estaba prevista en el PGOU, que admitía usos terciarios (comercial y oficinas) en un edificio de nueva planta que se situaría sobre esta parcela, donde iría el segundo intercambiador de transportes de la ciudad. Un aparcamiento mixto de 800 plazas -para residentes y rotatorio, según el PGOU- completaba la operación. Todos estos activos inmobiliarios, salvo la ampliación de las cocheras, bloqueada por el Plan General, quieren ahora entregarse a Tussam para que pueda seguir endeudándose -vía créditos-, aumentar sus ingresos -vía concesión o alquiler de estos espacios a firmas privadas- y, en caso extremo, cubrir su deuda a corto plazo con su enajenación. El urbanismo, de nuevo, es el recurso para disfrazar la gestión política de la etapa socialista.