Movilidad aprueba una ordenanza para agilizar la actuación de la grúa

A propuesta de la Concejalía de Movilidad que dirige el socialista Francisco Fernández, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer una ordenanza que regula por medios telemáticos la retirada de vehículos de la vía pública por parte de los operarios de la grúa. El contenido de la norma no se explicó a la prensa porque el concejal responsable ha retrasado los detalles hasta la próxima semana, cuando está previsto que el documento se someta a la ratificación indispensable del Pleno del viernes.

La portavoz municipal Maribel Montaño (PSOE) sólo aclaró ayer a preguntas de la prensa que la norma pretende servir de "instrumento legal para agilizar la retirada de coches de la vía pública porque las fotos del vehículo se envían de forma instantánea a un centro de datos", lo que da una garantía de seguridad de que el coche estaba mal aparcado.

Según la concejal, antes de esta ordenanza se perdía un tiempo importante (de una a dos horas) entre la denuncia y la retirada del vehículo, porque los agentes que denunciaban la existencia de un coche mal aparcado tenían que constatar antes los datos del vehículo y los del propietario. Con la norma que se ratificará el próximo viernes, el Ayuntamiento sostiene que la situación cambiará al disponer de una foto del vehículo.

Montaño reconoció que el Ayuntamiento tendrá que realizar un gasto económico para instalar este sistema telemático, aunque los detalles los ofrecerá el concejal la próxima semana en una rueda de prensa.

La ordenanza de Movilidad ha suscitado la oposición frontal de los empleados de la grúa municipal, gestionada por la empresa Aussa, y del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España. Ambos anuncian que recurrirán esta medida ante los tribunales: los gruistas, porque dicen que la norma les obligaría a "usurpar" las labores de denuncia de un vehículo mal aparcado que ahora realizan los agentes policiales y el sindicato, porque rechazan que alguien ajeno a un agente pueda denunciar.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Aussa, Carlos Ortiz, instó al gobierno municipal de PSOE e IU a "ponerse de acuerdo" con sus homólogos en el Ayuntamiento de Málaga, donde estos mismos grupos han rechazado una medida similar. "No entendemos cómo las garantías hacia el ciudadano que reclaman allí no se tienen en cuenta aquí", subrayó Ortiz, que aclaró que los trabajadores de Aussa no llevarán a cabo estas funciones de "usurpación de la Policía Local".

A su juicio, que los gruistas asumieran estas labores pondría "en grave riesgo" la integridad física de los empleados ante posibles altercados y dicen que paralizarán "esta barbaridad".

Por parte de la Policía Local, el responsable del sindicato profesional en Sevilla, Manuel Bustelo, explicó que se quiere copiar a Barcelona, "donde el personal de la grúa tiene carácter de agente de autoridad" pese a que en Sevilla la situación es distinta por el "desamparo legal en el momento en que se cargue un coche sin existir un agente de la autoridad". El sindicato recurrirá la ordenanza en los mismos términos que recurrió y ganó la imposición de denuncias por trabajadores de Lipasam, litigio en el que el Tribunal Superior andaluz le dio la razón.