Ollero denuncia que el colegio de Abogados no ha utilizado un superávit de 1,2 millones

La recta final de la campaña se calienta. El candidato a decano Pablo Ollero ha denunciado este lunes que el colegio de abogados de Sevilla ha acumulado en los dos últimos años 1,2 millones de euros de superávit que “no ha repercutido en ningún tipo de mejoras en los servicios para los colegiados”. El abogado asegura en un comunicado que no entiende que en el contexto actual de “crisis y con las dificultades que atraviesan muchos compañeros de profesión, ese excedente no haya sido presupuestado en el ejercicio siguiente para revertirlo íntegramente en los letrados”, por lo que exige que se destinen a “poner en marcha políticas y medidas sociales para los miembros de la institución”.

Tras un análisis exhaustivo del estado de las cuentas, la candidatura Cambiar para Avanzar propone además que los saldos de tesorería del Colegio -que ronda entre 1,5 y 2 millones de euros-puedan “respaldar un pago puntual de las guardias y oficios, ante el retraso sistemático con el que la Junta de Andalucía abona este servicio público” y en tanto los letrados no sean capaces de “obligar a la Junta de Andalucía a resolver esta indignante situación”. “No tiene sentido que los abogados esperen un pago tardío y casi siempre parcial mientras existe un fondo de maniobra tan importante”, apuntó el candidato.

​En relación con el Servicio de Orientación Jurídica, Pablo Ollero no entiende que las Administraciones no cubran la totalidad del coste del mínimo y que la actual junta de gobierno se resigne a presupuestar pérdidas por 578.770 euros, algo más de la sexta parte de los ingresado por las cuotas de los colegiados.

Por otro lado, la candidatura denuncia que en los presupuestos del Colegio no se destine ninguna partida a desarrollar acciones formativas para los colegiados, “una cuestión de vital importancia dado el grado de especialización continua que se exige de los profesionales”. Únicamente se contempla la Escuela de Práctica Forense, cuya financiación proviene de las matrículas que pagan los propios alumnos, explica el comunicado.

Esto se suma a que la actual junta de gobierno tampoco ha sido capaz de ejecutar ni un 20% de la partida prevista para desarrollo y recursos informáticos (100.000 euros), lo que conllevaría una modernización necesaria de los sistemas tecnológicos del Colegio para convertirlo en una institución más innovadora y eficiente.

Para Pablo Ollero, estos extremos demuestran “la gestión acomodada y pasiva de un Colegio que lleva ya demasiados años bajo el mismo equipo de gobierno y que requiere un cambio de modelo para poder afrontar el futuro de la profesión”.