Sevilla tendrá las mismas competencias y recursos que una ciudad de 50.000 habitantes. Se trata de la principal conclusión a la que ha llegado el grupo socialista en el Ayuntamiento tras un primer análisis de la nueva Ley de Reforma Local aprobada a final de año en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, como es el caso del portavoz adjunto, Antonio Muñoz, destacan que la ley sólo contempla estatutos específicos para Madrid, Barcelona, los municipios del País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, por lo que la capital de Andalucía queda asimilada al resto de ciudades. El PSOE recuerda que la ley obliga a las entidades que se encuentren en una situación de desequilibrio financiero o que superen el techo de deuda a presentar un plan de estabilidad antes de dos meses. Si no consiguen la estabilidad antes del 31 de diciembre de 2014 se tendrán que disolver en 2015, con el 31 de diciembre de 2015 como fecha tope, lo que los socialistas consideran que puede afectar a Emvisesa o a la Contursa, la sociedad que aspira al control y gestión total del Palacio de Congresos. El caso de Tussam y Lipasam se verían beneficiados por una moratoria prevista para las empresas de limpieza y transportes hasta diciembre de 2016. Sevilla tendrá que mandar a Madrid en noviembre un informe con el cálculo del coste de todos sus servicios públicos.

Algunos de los efectos previstos

Supresión de competencias en varias áreas. El PSOE considera que de forma inmediata desaparecen las competencias de consumo, igualdad o promoción y gestión turística, lo que afecta a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, las inspecciones de consumo, los puntos de información a la mujer y está por ver si incluso a las funciones del Consorcio de Turismo. El Ayuntamiento no podrá participar en ninguna ampliación de capital ni aportación patrimonial a entidades que se encuentren con necesidades de financiación. Esto afectaría, por ejemplo, a Emvisesa, que tiene pendiente una aportación patrimonial de todo el parque municipal de viviendas. La situación de Emvisesa se ha agravado en los últimos meses hasta tal punto que ha dejado de pagar varios de los impuestos municipales.

Los cambios en Empleo y en Salud. Se suprime la posibilidad de prestar servicios complementarios, lo que afecta a las políticas de empleo, siempre según el análisis realizado por el grupo socialista, sin que el gobierno local del PP se haya pronunciado aún sobre el alcance de la ley. Los convenios en materia de empleo que ya se han firmado y que están en vigor tienen de margen hasta diciembre de 2014. Es decir, que las escuelas taller, los talleres de empleo, los servicios de Andalucía Orienta o incluso el programa Redes que el Ayuntamiento cofinancia y gestiona pueden ser los últimos, pues tienen ya una duración máxima de un año. Las competencias en materia de salud se tienen que ir transfiriendo progresivamente a la Junta de Andalucía en los próximos 5 años, lo que supone un 20% al año.

Limitaciones en materias sociales. Los socialistas destacan que en materia de servicios sociales las competencias se ven limitadas a "evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata". Según el PSOE, se quedan fuera por tanto buena parte de los servicios de las UTS y los programas de Zonas que no son consideradas de atención inmediata. En juego, según los socialistas, hay 214 empleos. Estos cambios se producirán en los próximos dos años. El 31 de diciembre de 2015 es la fecha tope para poner fin a este sistema. Se regulan una serie de competencias, como es el caso de Servicios Sociales, que podrán ser delegadas en el futuro por la Junta de Andalucía o el Gobierno central, pero sujetas a una serie de condiciones y a un acuerdo político-económico.

Más ajustes si no se paga en el plazo. Si un Ayuntamiento está en situación de inestabilidad, ha rebasado el techo de gasto o no ha conseguido ya pagar en menos de 60 días a sus proveedores el ajuste será más inmediato y severo. El Ayuntamiento tendrá que aprobar un plan económico-financiero que debe incluir obligatoriamente: la supresión de cualquier competencia delegada no incluida entre las propias, un plan que prevea el aumento de los ingresos, la racionalización organizativa, la supresión de entidades que incumplan el objetivo de estabilidad, que rebasen el techo de deuda pública o que paguen en más de 60 días, una disposición que puede afectar a la Gerencia de Urbanismo, de la que el PP alerta siempre que está en "números rojos", Emvisesa o incluso el Instituto Municipal de Deportes.