Pide 2,7 millones de euros tras ser absuelto de violar a su mujer

José González lleva ocho años sin ver a sus hijos y ha perdido la esperanza de retomar la relación con ellos

José González, en el centro, acompañado por sus abogados, Enrique Carrasquilla y Luis Romero.
José González, en el centro, acompañado por sus abogados, Enrique Carrasquilla y Luis Romero.
Fernando Pérez Ávila

05 de abril 2011 - 05:03

Un hombre absuelto de violar a su mujer ha solicitado al Estado una indemnización de 2.734.000 euros por no poder ver a sus hijos desde hace ocho años y por los daños morales y psicólogicos sufridos durante el dilatado proceso judicial. José González Medina fue absuelto el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, que revocó una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, asegura, le "da igual" que se reconozca por escrito su inocencia porque el daño que ha sufrido es irreparable.

"Me han quitado lo que más quería en el mundo, mis hijos", aseguró ayer este vecino de Dos Hermanas, que ofreció una rueda de prensa en compañía de sus abogados, Luis Romero y Enrique Carrasquilla. Ambos letrados detallaron el calvario judicial que ha sufrido José González a lo largo de estos ocho años, "dignos de un guión de una película de terror".

Su mujer lo denunció por violación en el año 2003. En ese momento su hijo mayor tenía 10 años y la menor 2. Fue detenido e incluso maltratado por un policía que era familiar de la denunciante y perdió cualquier posibilidad de visitar a sus hijos hasta que, tres años más tarde, se le concedió la "limosna" de poder ver a los niños 90 minutos al mes. Sin embargo, no pudo verlos por la saturación del punto de encuentro familiar en el que tenía que reunirse con sus hijos. Ese punto de encuentro lo gestionaba precisamente la asociación Amuvi, que se dedica a la defensa de las mujeres maltratadas y violadas, algo que, para los letrados, es significativo de la falta de imparcialidad de la Administración en estos casos.

Paralelamente se abrió un proceso civil de divorcio. Pese a que en un primer momento la agresión sexual iba a ser juzgada en un juicio rápido, el proceso se dilató en el tiempo y hasta abril de 2008 José no fue condenado por la violación de su mujer. Un año después, el Supremo le dio la razón y revocó esta condena aplicando el principio de in dubio pro reo ante la falta de pruebas contra el acusado. Tras otro año más de espera, en 2010 el juzgado de Primera Instancia de Dos Hermanas, donde residen tanto José González como su ex mujer, reactivó por fin el régimen de visitas. Su hijo mayor estaba a punto ya de cumplir la mayoría de edad.

Padre e hijo sólo mantuvieron un encuentro, de apenas tres minutos. En esa reunión, José no podía decirle a su hijo nada relacionado con el proceso judicial. "Ni siquiera comunicarle que me habían declarado inocente y por qué no había podido verlo antes. Así que sólo podía decirle que le quería mucho a él y a su hermana y que estaría siempre para ellos. Él sólo accedió a verme para cortar toda relación conmigo. Me llegó a insultar, me dijo que no era un buen padre porque le había hecho mucho daño y porque no había estado nunca con ellos en el momento en que me habían necesitado". Su hija ni siquiera quiso verlo. "Ella tenía dos años cuando su madre me denunció, por lo que no puede recordar nada".

Ocho años después de la denuncia, José ha perdido prácticamente la esperanza de poder volver a tener una relación normal con sus hijos. Tanto él como sus abogados lamentan que durante el proceso no se haya respetado el derecho a la presunción de inocencia y se le haya tratado como un violador por parte de jueces y fiscales. "Siento una frustración y una impotencia enormes. No tengo ganas de vivir. Nadie me ha pedido disculpas y sólo he sentido el apoyo de mis abogados y de mi actual esposa".

La reclamación se basa en los criterios que se aplican cuando se le priva a alguien injustamente de libertad. Los abogados consideran que habría que indemnizar a José González en 2.194.000 euros por la ruptura con sus dos hijos durante los 90 meses que ha durado el proceso judicial y en otros 540.000 euros por los daños morales y psicológicos. La reclamación se presentó ante el Ministerio del Justicia y está a la espera de un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se examine cuál ha sido la conducta de cada uno de los tribunales que han intervenido en el caso. "Creo que es importante transmitir lo que estoy sufriendo porque hoy me ha pasado a mí, pero mañana a cualquier persona le pueden destrozar la vida con una denuncia falsa".

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