La Policía desaloja de nuevo a los chabolistas asentados en San Juan

Un momento del desalojo policial de las familias, con los colchones preparados para ser cargados en las furgonetas.

A las ocho de la tarde de ayer, sin que hubiera que lamentar incidentes, se cumplió la orden de desalojo de las cuatro decenas de familias chabolistas autoexiliadas del Polígono Sur asentadas desde hace días en los naranjales cercanos a la estación del Metro de San Juan Bajo. Como medida preventiva para evitar que se repita la ocupación, el Consistorio ha ordenado abrir zanjas en los caminos de acceso a sus terrenos ribereños.

La orden la emitió el Ayuntamiento sanjuanero, que dio a las familias un plazo de 24 horas para recoger sus enseres, tiempo que se extinguió a las 20:00, un margen suficiente para que los afectados recogieran todos sus enseres (colchones, sillas, agua embotellada, cacerolas) y abandonaran la zona.

Varias dotaciones de la Policía Nacional y Local se presentaron para garantizar la salida de todas las familias de este terreno de propiedad municipal. Tras varios meses de desalojos constantes, las familias optaron por pasar la noche otra vez bajo el puente de hierro, pero proyectan refugiarse a partir de hoy en la Catedral (con los mineros de Boliden) porque consideran que el cardenal Amigo es la única autoridad que ha demostrado compasión con ellos. "El Ayuntamiento de Sevilla nos trató como a perros, Chamizo [Defensor del Pueblo] no tuvo ni una palabra de certeza y la Junta no nos echa ni cuenta", se lamentaba Aurora, la madre del patriarca. Ángel, el patriarca de los afectados, admitió antes del desalojo que estaban "un poco alterados" con la orden del alcalde de San Juan. "No sabemos lo que quieren hacer con nosotros; la Policía nos ha traído unas cartas diciendo que la mayoría no somos los dueños de las viviendas del Polígono Sur", relataba con preocupación. Según el líder, les preocupa saber que sólo pocas familias tienen escrituras para regresar a los pisos que ocuparon en 2004 en las Tres Mil Viviendas, de los que salieron huyendo en marzo tras el tiroteo en el que murió un menor. Las viviendas las ocuparon tras recibir 42.000 euros.