El juicio iba bien para las defensas de los diez acusados hasta la sesión de este miércoles, la decimocuarta, en la que declaró el inspector de la Policía Nacional que investigó las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. El policía no dudó a la hora de asegurar que el concurso estaba "predeterminado" y "manipulado" para favorecer a la empresa Sanma, un supuesto complot del que el investigador responsabiliza "a todos": a Mercasevilla, a la empresa Sanma y al Ayuntamiento de Sevilla.

El testigo ratificó el atestado que envió en su día al juzgado de Instrucción número 6, dirigido entonces por la juez Mercedes Alaya, en el que ponía de manifiesto las presuntas irregularidades y el amaño del concurso. En la vista oral, el inspector afirmó este miércoles que el entonces director de área de Vía Pública del Ayuntamiento y uno de los principales procesados, Domingo Enrique Castaño, "dirigió" y "coordinó" a los técnicos que elaboraron el pliego de condiciones, los también procesados Jorge Piñero, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante, de la que dijo que "dependía" jerárquicamente de Castaño en la Gerencia de Urbanismo.

Para el inspector, que también investigó otras causas como la del cohecho de Mercasevilla y el delito societario que se atribuía al ex director general, "desde el principio el concurso de los suelos estaba predeterminado para que lo ganara Sando" y esta constructora, prosiguió, llegó a Mercasevilla de la mano de Domingo Enrique Castaño, quien estaba "vinculado con Sanma", aseguró el testigo en alusión a que a la salida del Ayuntamiento Castaño estuvo trabajando en la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este, participada por Sando.

El policía precisó que desconoce "qué tipo de instrucciones" pudo dar Castaño a la funcionaria María Victoria Bustamante en relación con el concurso, y añadió que la cláusula de limitación al alza introducida en el pliego de condiciones -que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de todas las demás- es la que "encubría la adjudicación a Sanma, porque sólo hay una empresa que reúne los requisitos y el resto no".

En realidad, según el policía, "el concurso en su conjunto es lo que beneficia a una licitadora sobre las demás", porque "todo el concurso se idea con la intención de dar apariencia de concurrencia y legalidad, pero esconde una única posibilidad para que sea una empresa la ganadora", precisó. Según el inspector, el pliego de condiciones "en su conjunto" es lo que beneficia a una licitadora sobre las demás, porque el concurso "aparece manipulado para que sea favorable sólo a una empresa concursante".

Durante el interrogatorio del investigador policial, la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, tuvo que llamar la atención a los abogados de la defensa para que "no gesticularan" ante las respuestas que iba ofreciendo el testigo. La magistrada pidió expresamente a los letrados "respeto" para el inspector que estaba rindiendo testimonio y para todos los testigos "por igual", con independencia de que sean policías, economistas o letrados quienes declaran en la vista oral.

Precisamente en la sesión de este miércoles también declaró el abogado Armando Rozados, que trabajó de manera externa para Mercasevilla entre los años 2002 y 2011, y quien desvinculó por completo la solución al litigio planteado por la empresa Larena 98 y la subrogación del derecho de superficie a la constructora Sando de la operación para la venta del derecho de opción de compra de la totalidad de los suelos del mercado mayorista.

El letrado, que declaró como testigo en la decimocuarta sesión del juicio, explicó que el 31 de mayo de 2005 se le informó por parte de la lonja de que una posible solución a la demanda presentada contra Mercasevilla consistía en que Sando iba a sustituir a Larena 98 en el derecho de superficie sobre unas naves, y además de esta operación se trabajó "en paralelo en otra posibilidad o hipótesis de que se pudieran vender de forma directa" los terrenos del mercado mayorista.

El inspector afirma que el concurso "en su conjunto" se ideó para beneficiar a una entidad

Armando Rozados insistió en que ambas operaciones se estaban desarrollando de forma paralela, no vinculadas entre sí, y reconoció que "intervino en la matización de algunos aspectos del protocolo de intenciones" que negociaron -no se llegó a firmar y sólo se cruzaron borradores- Mercasevilla y Sando, en el que se fijaba un precio de los suelos de 108 millones de euros. "Todo esto era un hipótesis: era el contrato con más cláusulas suspensivas que he visto en mi vida", ironizó el testigo.

El abogado manifestó asimismo que, en el transcurso de la búsqueda a una salida negociada de Larena 98, esta empresa "puso sobre la mesa" la posibilidad de que le dieran una opción de compra sobre las parcelas respecto a las que poseía ya ese derecho de superficie, todo ello porque según Rozados esta sociedad pretendía hacerse con el derecho de opción de compra para lograr que los bancos le facilitaran "financiación o liquidez".

Larena 98 subrogó finalmente el derecho de superficie a favor de Sando a cambio del pago de 1.080.000 euros, con lo que se desistió de la demanda que había presentado contra Mercasevilla.

Sobre el concurso para la adjudicación de la venta de los terrenos, Armando Rozados señaló que su "sensación es que todo se pilotó desde el Ayuntamiento de Sevilla". El juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de este concurso público está entrando en su recta final y en la sesión de hoy podría acabar la fase testifical, con lo que la semana que viene tendría lugar el trámite de elevación de las conclusiones y los informes finales.