La que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos de Sevilla, María Regla Pereira, ha elevado a los juzgados de lo Social un recurso contra su despido, extremo derivado de su supuesto papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. La juez mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha abierto ya juicio oral contra los cuatro acusados por este presunto delito de cohecho, entre ellos la propia María Regla Pereira.

El pasado 5 de diciembre, como se recordará, finalizó sin avenencia entre Mercasevilla y Regla Pereira un acto convocado por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac), a cuenta de la papeleta de conciliación en la que Pereira reclamaba que su despido fuese declarado "nulo o subsidiariamente improcedente. El pasado 23 de diciembre de 2011, según han informado judiciales, la representación de Regla Pereira formuló ante los juzgados de lo Social el correspondiente recurso contra la ruptura unilateral de la relación contractual.

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre de 2011, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Daniel Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla, cuya máxima participación ostenta el propio Consistorio hispalense. 

Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la ex coordinadora de proyectos de Mercasevilla María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

"La imputación formal en un procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales, por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena fe contractual", señala el documento de Mercasevilla que resuelve los despidos de Ponce y María Regla Pereira en la sociedad mixta.

En ese mismo sentido, la directiva de Mercasevilla determina en este documento, que "estos hechos que se le imputan son constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe contractual tipificados en el convenio colectivo", argumento esgrimido a la hora de despedir a Daniel Ponce y María Regla Pereira del organigrama de la sociedad gestora del mercado central.