El juez Serrano equipara la ley de Violencia de Género a Guantánamo

El titular de Familia 7 advierte del "efecto perverso" de la normativa y pide que las denuncias falsas de maltrato se condenen con la retirada de la custodia de los hijos

El juez de Familia 7, Francisco Serrano, en un momento de la entrevista.
El juez de Familia 7, Francisco Serrano, en un momento de la entrevista.
R. S.

08 de febrero 2009 - 05:03

El juez de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, dijo ayer que ve injusta la Ley Integral contra la Violencia de Género y advirtió de su posible "efecto perverso", al proteger "situaciones de abuso" y no a las mujeres que realmente sufren maltrato. En una entrevista con la agencia Efe, el juez que llevó el caso de Iván y Sara sostuvo que la ley "ha traído cosas buenas, como el hecho de que la sociedad ya no tolera situaciones de violencia machista, pero también se están produciendo abusos porque no ha hecho una buena definición del maltrato".

Entre los aspectos injustos, el juez expuso que la ley "estigmatiza" al hombre acusado de maltrato, pues incluso después de demostrar que se trataba de una denuncia falsa, su proceso de divorcio seguirá en el Juzgado de Violencia de Género y no en el de Familia. Cuando la mujer denuncia un caso de maltrato, inmediatamente recibe el apoyo de cuatro o cinco instituciones entre el abogado de oficio, el fiscal y las asociaciones contra la violencia, mientras que el hombre solo tiene a su abogado y, si luego pretende acusar por denuncia falsa, se encuentra ante la dificultad de "demostrar un hecho en negativo, es decir, que ella no se equivocó al denunciar", sostiene Serrano.

El juez compara la situación con la base de detención de Guantánamo: "Cuando a un hombre se le denuncia, a la cárcel y la llave tirada". Francisco Serrano lamenta que, de forma paralela a la Ley de Violencia, no se hayan modificado las condenas para las denuncias falsas en la misma proporción, llegando incluso a la retirada de la custodia para el cónyuge que denuncie en falso.

Afirma que estas "desigualdades y situaciones injustas llevan a más violencia donde antes no la había e incluso a hombres que se suicidan", aunque ha lamentado que esos datos "no aparecen en la foto oficial". El juez de Familia presentará la próxima semana en Sevilla su libro Un divorcio sin traumas, en el que aboga por la mediación y la conciliación, aunque a su juicio esas líneas no se fomentan en España porque atacan la "línea de flotación" de "las asociaciones que viven de las subvenciones para el maltrato".

El juez lamenta que "después de ciento y pico de años de discriminación, una ley termine diciendo que la mujer, por el hecho de serlo y por vivir en pareja, está discriminada y en una situación de subordinación bajo el poder del hombre", algo que le parece "no solo discriminatorio para el hombre, sino también para la mujer". En su libro intenta reflejar "la situación real que se está generando, que no obedece a la realidad que tenemos que combatir. Se está transmitiendo una parte de la imagen, maquillando las cosas".

Sostiene que, paralelo al machismo, ha surgido un "hembrismo" que considera a la mujer como un ser inferior necesitado de protección especial, una situación que le recuerda a la ideología de la Sección Femenina de la Falange, que también practicaba la discriminación positiva aunque desde un "machismo casposo y cavernícola".

Según el juez, se debe distinguir entre el verdadero maltrato y la "conflictividad propia de cualquier ruptura" para no llegar a "la hipocresía de que, en vez de proteger debidamente a las víctimas, estemos protegiendo situaciones de abuso". En su opinión, de los casos denunciados en el Juzgado de Violencia de Género, solo el 14% responde a episodios de violencia habitual y el 86% de los sucesos restantes "son situaciones de ruptura de pareja en las que se dicen de todo menos guapo".

El juez de Familia entiende que se debería haber creado una jurisdicción única especializada en temas de Familia y además de ámbito provincial, pues cree "una auténtica discriminación para el ciudadano" el privilegio de las capitales de provincia que disponen de Equipos Psicosociales, jueces y fiscales especializados.

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