El nuevo reglamento de la Policía Local de Sevilla detalla cómo tienen que cuidar la estética de los agentes de este cuerpo, cómo deben llevar el pelo, la barba, el bigote y hasta la longitud de las patillas, si pueden o no portar algún tipo de complemento, cómo deben saludar si visten el uniforme o si van de paisano, la postura que han de mantener en el trato al ciudadano, la forma de llevar el uniforme y mil detalles más. Entre tanto aporte estético, el reglamento incluye un dato que quizás haya pasado algo desaparcibido pero que refleja que el mandato de Juan Ignacio Zoido se acabará sin ninguna incorporación a la plantilla, por mucho que el alcalde prometiera en su campaña electoral que iba a crear 300 plazas.

En el borrador del reglamento de organización y servicios del cuerpo, el Ayuntamiento refleja que "el número de componentes que formen la plantilla deberá responder siempre a los principios de racionalización, economía y eficiencia, debiendo orientarse a una plantilla globalizada de 1,5 policías por cada mil habitantes". Esta proporción de agentes según población es inferior a la recomendada por la Unión Europea, que marca que lo aconsejable es que haya dos policías por cada mil habitantes. Durante su campaña electoral, Zoido hizo numerosas referencias a esta ratio de dos por mil, en la que se basó para anunciar que crearía 300 plazas de policías.

A día de hoy, tras tres años de mandato, no ha creado ni una. Cierto es que se han incorporado 103 agentes en la era Zoido, pero todos ellos corresponden a dos promociones ofertadas durante el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. Ambas promociones, además, están bajo sospecha y siendo investigadas por un juzgado por la presunta filtración de exámenes. Dependiendo de los resultados de la investigación judicial, el proceso podría llegar a suspenderse e incluso a tener que repetirse. Con menos de un año de mandato por delante, difícilmente podrá el gobierno local cumplir ese compromiso. De ahí que opte por deslizar en el reglamento que el número de agentes municipales debe ser acorde a la ratio de 1,5 policías por mil habitantes y no a la de dos recomendada por la UE y asumida por el alcalde hace tres años.

Las continuas referencias a la estética de la Policía Local han molestado especialmente a los agentes, que entienden que el reglamento tiene cuestiones inasumibles y que la Policía tiene problemas mucho más importantes y estructurales que la forma en la que lleven el pelo los agentes o si atienden o no el teléfono móvil estando de servicio. Así lo expuso el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), Manuel Bustelo, tras conocer el contenido del reglamento. "El problema serio de la Policía Local no reside en el pelo, las patillas o las gafas de sol de los agentes. La mayoría de las veces que los agentes atienden llamadas a sus teléfonos móviles particulares es para cuestiones de servicio porque las transmisiones no funcionan y, a veces, hay que llevar a casa el arma reglamentaria porque no tememos un armero", dijo Bustelo.

El Sindicato de Policía Local de Sevilla (SPLS) ha enviado un escrito al alcalde y al delegado de Seguridad y Movilidad -a los que lleva dos meses pidiendo una reunión sin éxito- lamentando que el borrador "olvide derechos fundamentales" al permitir el uso de determinados complementos según el sexo o "preste más importancia al tipo de corte de pelo de un policía que de garantizar su seguridad".

El presidente de este sindicato, Roberto Echevarría, recuerda en el escrito que el reglamento es "radicalmente opuesto a la garantía de seguridad ciudadana" al rebajar la ratio de policías locales de 2 a 1,5 por cada mil habitantes, saltándose la directiva europea. "Según este borrador, ya no son necesarias esas 300 plazas que prometió el alcalde, sino que sobran más de cien policías. Que nos diga con qué agentes quiere abrir los nuevos distritos de Bellavista y Macarena Norte", apunta Echevarría.

No deja de llamar la atención, además, que el borrador del reglamento se conociera el mismo día que la prueba de sangre practicada al conductor de Tussam implicado en un atropello demostrara que el drogotest había dado un falso positivo por cocaína. Una prueba que, por tanto, podría invalidar cualquier multa por ingesta de drogas al volante.