El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, se ha mostrado "convencido" de que la capital andaluza contará "más pronto que tarde" con una nueva Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque "los datos numéricos" de apelación en segunda instancia "ya evidencian la necesidad" de que haya una en la ciudad.

Los datos numéricos de apelación de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz -las circunscripciones judiciales que abarcaría esta sección de apelación de segunda instancia- "ya están evidenciando la necesidad de que exista en Sevilla un tribunal de apelación que conozca los recursos procedentes de esas cuatro audiencias provinciales", dijo.

El decano de los abogados opina así tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de informar favorablemente al proyecto de orden ministerial de disponer para el 1 de septiembre de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en el TSJA y del inicio de actividad de una Sección de Apelación Penal con sede en Granada para hacer efectiva la segunda instancia penal. No obstante, el Real Decreto 229/2017 del Gobierno central contempla la necesidad de dos secciones de Apelación Penal, cada una de ellas con tres magistrados.

La ubicación de las dos secciones penales de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJA fue motivo de controversia entre profesionales de la Administración de Justicia, administraciones públicas y partidos político, pues Málaga, Sevilla y Granada pedían ser sede de las nuevas secciones.

En una entrevista a Europa Press, Gallardo abundó en que "el pleno del TSJA fue rotundo", y recordó que, aunque el presidente, Lorenzo del Río, entonces optó por un criterio "distinto", se ha ido "flexibilizando con el paso del tiempo". "Estoy convencido de que Sevilla tendrá al final, como es de puro sentido común, la Sección de Apelación Penal", dijo y agradeció las gestiones de las autoridades de la ciudad, como el alcalde.

De la Junta dijo que en su momento se mostró a favor de que todo se quedara en Granada por razones "populistas y de oportunismo político", algo que "le reprochamos públicamente al entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, y a la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz". Por ello, a partir de entonces "han mantenido silencio". Gallardo opinó que la creación de juzgados provinciales para cláusulas suelo ha sido "un error" que padecen los ciudadanos por la acumulación de asuntos que provoca "enormes demoras".