Adif niega una negociación con Sanz para la cesión de Plaza de Armas

Dos veranos lleva José Luis Sanz sacando a la palestra su interés en que la antigua estación de trenes de Plaza de Armas pase a titularidad municipal con el objetivo de potenciar el histórico inmueble al convertirlo en un museo. “Nosotros ya le hicimos llegar a Adif la idea o la intención que podía tener este equipo de gobierno de adquirir la estación de Córdoba”, señaló el alcalde el pasado agosto. Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) afirman a este periódico que no hay ninguna negociación con el Ayuntamiento de Sevilla sobre el céntrico centro comercial ni ninguna comunicación oficial del gobierno local solicitando una negociación.

Su posición estratégica (situado en una de las entradas principales de Sevilla) no ha evitado que la mayoría de sus locales se encuentren cerrados y que su actividad más destacada sea la del cine de su segunda planta, así como la de un negocio de comida rápida, que registra clientes a cualquier hora del día. La intención –frustrada– de Primark por abrir aquí su primera tienda en la capital andaluza y el hecho de que sea Bien de Interés Cultural (BIC) han jugado en contra de su porvenir. De gran belleza y en una localización inmejorable. Cualquiera que vea la antigua estación de trenes de Córdoba no da crédito al fracaso del centro comercial que abrió sus puertas en este edificio hace un cuarto de siglo.

En el verano de 2024, Sanz desveló “conversaciones” con Adif para que el Ayuntamiento asuma la antigua estación de tren, insistiendo en que la ciudad “necesita un gran espacio museístico independientemente” del lugar que sea elegido. El alcalde popular aseguró que “en estos momentos estamos en conversaciones con Adif para ver si es posible que el edificio pase a ser de titularidad municipal”, pues más allá de que se trata de un monumento de un atractivo “brutal”, está situado en “un sitio estratégico” de la ciudad y, de la mano del Consistorio, podría acoger “muchos contenidos de interés para la ciudadanía, pero lo primero es que el edificio sea de titularidad municipal”.

El objetivo del gobierno local es potenciar el BIC al convertirlo en un museo

Justo doce meses después (este mismo verano), Sanz reconoció que su gobierno sigue interesado en que la antigua y emblemática Plaza de Armas pase a ser de titularidad municipal y acoja nuevos contenidos “pese a la negativa” de Adif, con quien está en conversaciones desde hace un año. “Nos dijeron que no les interesaba y que iban a volver a intentar comercializarla, con pocos resultados”. El alcalde apuntó que el Ayuntamiento “seguirá teniendo interés” en lo que a la adquisición del edificio se refiere, “porque creo que es un inmueble emblemático de la ciudad que podría tener unos contenidos mucho más interesantes”, sin olvidar su ubicación estratégica, a pocos metros del Museo de Bellas Artes. Aprovechó para lanzar un dardo a la entidad pública: “la gestión está siendo lamentable”. El propósito de Adif sigue siendo poner en valor el inmueble con un promotor externo, para lo que quizás no fuese necesario un concurso, sino que se haría mediante negociación.

El último ferrocarril que partió de sus andenes fue en 1991, un año antes de la Expo’92. Durante la muestra universal se convirtió en sede del Pabellón de Sevilla. Acabados aquellos fastos, transcurrieron siete años sin actividad alguna en este edificio. Se lo dotó de un nuevo uso en 1999, cuando reabrió como centro comercial. Para ello, se realizaron una serie de intervenciones, como el cierre trasero (desde donde antes salían los trenes) con acero y cristal.

Dar un paseo por el interior de Plaza de Armas es evidenciar el constante declive en el que ha vivido estos 25 años. Los visitantes son los principales usuarios de estas instalaciones. Por Plaza de Armas han pasado reconocidas cadenas hosteleras. Estuvieron Gambrinus, los 100 Montaditos y la Sureña, entre otras. Todas se marcharon al no resultarles rentable el negocio. Y ello, pese a contar con una superficie conjunta de terrazas de 1.279 metros cuadrados. Un recinto gafado para el comercio. El Covid se convirtió también en un acicate para que las pocas firmas comerciales y hosteleras que allí quedaban echaran el cierre definitivo.

Los factores negativos provocaron que ningún operador mostrara interés en la oferta presentada por Adif el otoño de 2023 para hacerse con este edificio hasta 2069. Era la tercera vez que el concurso se quedaba desierto. El precio mínimo ha sido de cinco millones de euros. El concurso se incluye en el plan de racionalización de activos que lleva a cabo Adif con el objetivo de mejorar su eficiencia, la generación de ingresos y la reducción de costes.

No ha sido fácil el camino hasta sellar el acuerdo para la reordenación de Santa Justa

Los dimes y dirites entre Sanz y Adif no sólo fueron en los últimos meses por Plaza Armas. Complicado ha sido el camino hasta que a finales de julio se firmase, por fin, la constitución de la Junta de Compensación que gestionará, en nombre de los propietarios y titulares de derecho de los suelos, las actuaciones que se realicen para la reordenación del entorno de la estación de Santa Justa. Dichos terrenos son titularidad de Adif y del Ayuntamiento de Sevilla en una proporción aproximada del 66% y del 33% respectivamente. Esta zona de la ciudad de 118.468 metros cuadrados de superficie y 73.841 metros cuadrados de edificabilidad alberga usos lucrativos, residenciales y terciarios, en unas parcelas que permanecen vacantes y pendientes de ordenar y desarrollar desde 1992. El Plan Especial para la reordenación de estos suelos fue aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en febrero de 2023.

Antes de llegar a la firma, la reordenación del exterior de la estación de Santa Justa estuvo estancada durante un tiempo. El Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no lograban ponerse de acuerdo y se echaban la culpa mutuamente. Sanz sostenía que la Gerencia de Urbanismo se encontraba a la espera de que la empresa estatal acreditase que las dos parcelas que superan los 43.000 metros cuadrados son de su propiedad, mientras que la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes acusaba al alcalde popular de poner en riesgo los fondos europeos necesarios para continuar con la ampliación del tranvía hasta la terminal de trenes y la construcción de un intercambiador de transportes en la zona por frenar la tramitación de un ambicioso proyecto que contempla una torre de 66 metros, varios bloques de viviendas, un centro cívico y la mejora de la caótica entrada principal.