Uno de los agentes acusados estaba ya suspendido por cohecho

Uno de los dos policías nacionales que se enfrentan a catorce años de prisión por cuatro delitos tras su presunta participación en un registro ilegal en la avenida de Pino Montano estaba ya suspendido de empleo y sueldo desde hace más de un año. Este agente intervino presuntamente en otro registro ocurrido en el distrito Macarena, un caso por el que seis policías de esta comisaría permanecen suspendidos de empleo y sueldo desde el otoño de 2015.

Estos hechos ocurrieron el 19 de mayo de aquel año en un comercio de alimentación de la ronda de Pío XII en el que se sospechaba que se estaba vendiendo tabaco de contrabando. En el registro del local se intervinieron 17.350 euros. Los policías fueron grabados contando el dinero por las cámaras de videovigilancia del local. El caso surgió a raíz de la denuncia del matrimonio que regenta la tienda, de nacionalidad rumana, que aseguró a un inspector de la Brigada de Extranjería que los policías les habían requisado el dinero y más de 150 cajetillas de tabaco de contrabando. La pareja explicaba que le habían pedido una mordida de 10.000 euros a cambio de no volver a registrarles el local, pero que finalmente negociaron y les entregaron 5.000. Los comerciantes aseguraban, además, que esta práctica era habitual por parte de estos agentes con el resto de negocios de la zona.

El inspector de Extranjería puso los hechos en conocimiento de la unidad de Asuntos Internos, que abrió una investigación en la que vio indicios de varios delitos en el comportamiento de estos policías. La pareja rumana aportó el vídeo del registro, en el que se muestra a los agentes requisando el dinero en metálico. Los funcionarios aportaron un acta de aprehensión en la que figuraban los 17.350 euros intervenidos durante el registro, por lo que se trataría de una intervención completamente legal, pero Asuntos Internos sostiene que esa acta pudo ser elaborada después, lo que constituiría un delito de falsedad documental.

Los agentes imputados han negado las acusaciones ante sus compañeros de Asuntos Internos y también ante la juez de Instrucción 1 de Sevilla, Elvira Alberola, que les tomó declaración como investigados el año pasado. La investigación judicial avanza a un ritmo muy lento y los agentes llevan casi año y medio imputados por cuatro delitos: cohecho, hurto, falsedad en documento público y amenazas.

Mientras tanto, la Dirección General de la Policía los mantiene suspendidos de empleo y sueldo, sin que puedan incorporarse a ningún destino dentro de la Policía y percibiendo únicamente el salario base. Por el momento no hay visos de que vaya a ver un cambio en la situación de estos policías, pese a que los representantes sindicales han solicitado en varias ocasiones que se les levante esta suspensión, que supone en la práctica una condena anticipada pese a que la juez no ha tomado contra ellos ninguna medida cautelar.