Las agresiones a sanitarios se mantienen en cotas muy altas. En 2021, el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla contabilizó 242 ataques. En 2020, esta cifra se quedó al borde de las 280 (279). Hasta el pasado julio, se han registrado este año 175. Esto supone que casi cada día se produce una agresión a uno de los profesionales del SAS en Sevilla, según los últimos datos de agresiones registrados en servicio sanitario público andaluz, que abarcan entre enero y julio de 2022, y que han sido comunicados este viernes por el Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía. De esas 175 agresiones, 140 notificaciones corresponden a ataques no físicos (verbales, amenazas, coacciones o amenazas), mientras que 35 fueron de tipo físico (el 20% de los casos).

En el conjunto de Andalucía, las cifras se disparan. Con Málaga a la cabeza, al contabilizar 187 casos, de los que 46 de ellos son ataques físicos, la comunidad ha registrado en los primeros siete meses del año 898 agresiones de las cuales 730 han sido de carácter verbal, tales como amenazas, criticas humillantes o insultos graves, y 168 han llegado a la agresión física. 

Tras Málaga y Sevilla, que ocupa el segundo lugar en volumen de agresiones sus sanitarios, Cádiz con 153 casos, de los cuáles 16 fueron físicas, se sitúa en el tercer lugar. A continuación, según los datos recopilados por Satse, se sitúan la provincia de Huelva, con 93 incidentes (24 agresiones físicas), 85 en Granada (22 agresiones físicas), 80 en centros de Almería (21 físicas), Jaén con 62 casos de ellos una agresión física y por último Córdoba con 62 (3 agresiones físicas).

Ante esta situación, Satse vuelve a exigir al SAS que se tomen más medidas para frenar las agresiones que sufren los profesionales sanitarios. Y solicita celeridad en la llegada de un plan de medidas preventivas para analizar por qué se producen las agresiones en el sistema sanitario y poder actuar en el origen de las mismas. El sindicato advierte que dos años después de su aprobación todavía siguen sin desarrollarse todas las medidas y modificaciones normativas recogidas en el plan de prevención y atención frente a las agresiones a profesionales del SAS que incluyen, entre otras, establecer un régimen sancionador para los usuarios, por lo que solicita una reunión urgente a la Consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para impulsar la implementación completa del Plan.

Medidas pendientes

En este sentido, el Sindicato de Enfermería asegura que, aunque se han conseguido avances en la prevención y protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, "es urgente seguir implementando nuevas medidas en esta materia". 

Entre las medidas pendientes de poner en marcha, Satse destaca las relacionadas con los derechos y deberes de los ciudadanos que incluyen promover un cambio normativo que establezca un régimen sancionador para los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que los incumplan, incluyendo sanciones económicas proporcionadas al daño ocasionado.

De igual forma, a juicio de Satse como medida de protección es fundamental que las tarjetas identificativas del profesional no recojan información adicional del mismo "que permita que los agresores puedan identificarlos en redes sociales o por cualquier otro medio", concreta el sindicato.

Añade también Satse que "sigue pendiente de implantar el software de alerta en todos los ordenadores de los trabajadores susceptibles de sufrir una agresión, debido a su contacto directo con los usuarios o incrementar la presencia de cámaras de seguridad y de vigilantes de seguridad en los centros, y mejorar la formación de estos profesionales en materia de prevención de agresiones".

De otro lado, el Sindicato de Enfermería propone, además, algunas "medidas adicionales" como constituir un Observatorio de Agresiones al que puedan formar parte todas las partes implicadas que tendrían mucho que aportar como los jueces, fiscales y abogados en aras a conseguir medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones. Asimismo, desde la organización sindical se ha insistido en que sería de utilidad implementar en Diraya (Sistema de información asistencial corporativo del SAS) algún sistema de identificación para agresores, accesible para todos los profesionales a la vez que ha insistido en la necesidad de regular por ley el reconocimiento de delito a la autoridad pública la agresión al personal sanitario.

Agresiones según el perfil del agresor

La Consejería de Salud y Consumo contabilizará las agresiones al personal sanitario teniendo en cuenta los distintos perfiles de los usuarios que agreden, así como las características de las agresiones. De esta forma, tal y como establece el Plan de Prevención y Atención frente a agresiones del SAS, las agresiones de usuarios con trastorno psiquiátrico/psicológico o de aquellos que sufren algún deterioro cognitivo se registrarán de forma diferenciada.

Hace dos años que se aprobó el Plan de Agresiones, incorporando como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido. Así, un experto con formación específica ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura tiene como objetivo acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. Cada centro, en función de sus características e incidencia de agresiones, está implantando esta figura.

El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Todo esto ha venido a reforzar, además, las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán.

El plan de agresiones también contempla la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar. Durante este año, se han realizado un total de 215 asistencias letradas y se han obtenido 53 sentencias condenatorias, de las que 45 han sido por delito de atentado.