La arquitecta afirma que el derrumbe de Bustos Tavera era "imprevisible"

La caída del muro de la calle Bustos Tavera, que hace diez años acabó con la vida de una joven de 25 años, era "imprevisible" ni se podía esperar, según aseguró ayer al inicio del juicio la arquitecta María S. I., uno de los cuatro acusados que se sientan en el banquillo como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente.

Los otros tres imputados, su marido, José Luis C. R., como promotor de las obras, la arquitecta Mercedes D. F. y el aparejador Jorge G. M. también se declararon inocentes de un delito por el que se enfrentan a penas de entre uno y dos años de prisión.

La arquitecta María S. I. relató en su declaración que el aspecto de la fachada de Bustos Tavera era "bastante bueno", no se apreciaban desplomes ni había fisuras y sólo se detectó un pequeño abombamiento a la altura del número 39, en la parte opuesta a la que se cayó. La imputada consideró que el derrumbe de la fachada consistió en un colapso del muro, no un vuelco, que atribuyó a un "fallo local en absoluto previsible ni esperado" y que obedecía a una deficiencia en la construcción de esa parte del muro que había sido elaborado de forma artesanal en el siglo XVIII.

La arquitecta reconoció que, para comprobar el estado del muro, se llegaron a efectuar cuatro o cinco calas que pusieron de manifiesto que el muro "era completamente macizo y estaba en condiciones razonablemente buenas".

En cualquier caso, la arquitecta negó que ella fuese la responsable de calcular el tipo de andamio que debía colocarse sobre la fachada, que tenía como misión prever un posible vuelco y permitir la subida de los operarios que tenían que realizar unos trabajos para desmontar la cubierta del edificio.

La acusada negó que fuese la responsable del estudio de seguridad del andamio, una competencia que atribuyó al aparejador Jorge G. M., también imputado, de quien dijo era el responsable del plan de seguridad y salud laboral de la obra y, por tanto, el técnico encargado de entregar los cálculos a la constructora para que alquilara el andamio.

El fiscal del caso, Federico Bueno, expuso a la arquitecta que lleva muchos años viendo planes de seguridad como responsable de la sección de siniestralidad laboral de la Fiscalía y "en ninguno aparecen los andamios", advirtió. La procesada sí reconoció que, en el caso de que a través de las calas hubieran detectado que el muro no estaba en buenas condiciones, se habría tenido que cambiar "la forma de ejecución de la obra".

En la primera sesión del juicio también declaró José Luis C. R., esposo de la arquitecta María S. I., que es el administrador único de la sociedad Doña Elvira, que promovía la rehabilitación donde se produjo el siniestro la tarde del 6 de abril de 1999. José Luis C. R. explicó que la Gerencia de Urbanismo concedió la licencia de obras y sólo puso unos "reparos de menor importancia" relacionados con los trasteros, pero sin llegar a plantear en ningún momento la posible paralización de las obras.

A la vista oral, que continuará el próximo lunes, asistieron los padres de la víctima, María Teresa Guardia Vidal, una joven que estudiaba en el conservatorio.