Un caso que abrió el debate de la cadena perpetua

El asesinato y desaparición de Marta del Castillo, cuyo juicio arranca el lunes, reabrió el debate sobre la posibilidad de implantar la cadena perpetua revisable para los delitos más graves, una lucha que abanderaron desde el primer momento Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de la joven sevillana. Los expertos consultados por este periódico coinciden en que el Código Penal actualmente vigente en España es lo suficientemente duro como para dar una respuesta adecuada a estos delitos tan graves sin necesidad de proceder a una reforma de este calado.

El debate sigue abierto, sobre todo, después de que el PP haya anunciado que implantará esta medida que ya está en 14 países de la Unión Europea y es "apoyada por el 82% de la opinión pública". La propuesta de los populares consiste en la posibilidad de imponer una pena en principio con carácter de perpetua, aunque con el paso de los años puede lograrse la libertad si el preso presenta un pronóstico favorable de reinserción en la sociedad.

Desde otras disciplinas ajenas a la jurídica se apunta a que, con independencia de la oportunidad o no de realizar cambios legales, habría que dirigir también los esfuerzos a mejorar la educación de la juventud, una tarea que debe desarrollarse tanto en el seno de las familias como en el ámbito escolar.

El asesinato de Marta del Castillo también abrió otro debate en relación con los derechos de los imputados a mentir, después de que varios de los adultos cambiaran sus versiones de los hechos y su grado de participación en la distintas declaraciones que prestaron en la fase de instrucción. El propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tuvo que salir a la palestra para recordar que el ordenamiento jurídico español garantiza el derecho de los imputados a no declarar contra sí mismos y a decir aquello que les interese en el ejercicio de su derecho de defensa, incluso a no decir la verdad.