El "caso insólito" de la brigada de la Guardia Civil María Serrano

La brigada de la Guardia Civil de Sevilla María Serrano ha sido absuelta de la acusación de denuncia falsa por la que se le pedían once meses de cárcel. Con esta resolución de un tribunal militar se pone fin a un largo y complejo proceso judicial que se prolongó durante casi una década, desde que la suboficial informara a sus superiores de unas prácticas presuntamente corruptas en el seno de la unidad que mandaba, el Seprona de Sevilla. "Nos encontramos ante un caso insólito, un manual de lo que no debería ocurrirle a ninguna persona, y menos aún cuando se trata de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, en el estricto cumplimiento de sus obligaciones, investigan y denuncian la corrupción", apuntaron a este periódico fuentes del entorno de la agente.

Serrano se vio inmersa en un sumario de la jurisdicción militar iniciado por la denuncia del general de División Fernando Mora Moret, que le imputaba un delito de denuncia falsa, motivado en una denuncia anterior que la brigada había interpuesto ante el juzgado militar central de Madrid contra su entonces cadena de mandos. En dicha denuncia, ponía en conocimiento de la Justicia militar la presunta trama de corrupción en el Seprona de Sevilla, que luego la propia suboficial haría pública en una revelación pública que hizo en agosto de 2024, en unas declaraciones que tuvieron una gran repercusión mediática.

Cinco años antes, en 2019, se dictó un auto de procesamiento contra la suboficial por la presunta comisión de un delito contra la administración de justicia militar, en convergencia alternativa con un delito de acusación y denuncia falsas. La brigada Serrano ha estado procesada y en libertad provisional durante siete años, hasta su absolución en una sentencia que ya es firme en febrero de 2026. Tanto la Fiscalía Jurídico Militar como la acusación particular ejercida por el general Mora pedían casi un año de prisión militar para la agente, con las accesorias de suspensión de empleo, cargo público y sufragio pasivo, además de una indemnización de 20.000 euros por daños morales y perjuicios personales y profesionales al general.

El juicio se celebró durante los días 15 y 16 de diciembre ante el Tribunal Penal Militar de Madrid. Días antes del juicio, la Fiscalía retiró la acusación al considerar que los hechos imputados a la brigada Serrano no eran constitutivos de delito alguno. El 24 de febrero fue notificado por fin el auto dictado por el Tribunal Penal Militar Territorial de Madrid, que declara la firmeza de la sentencia absolutoria, con lo que ya no se puede recurrir.

"El tribunal considera hechos probados todas y cada una de las denuncias formuladas por la brigada Serrano desde la primera, efectuada en 2015, hasta la situación de persecución y acoso plasmada en las denuncias de mayo y noviembre de 2016, así como en la querella criminal por prevaricación y la denuncia frente a la Comisión Europea en 2017", indican las mismas fuentes, que creen que este hostigamiento es "toda una cascada de represalias, por ni más ni menos que cumplir con el deber y la obligación de defender las leyes y no permitir la corrupción dentro de la Guardia Civil". La sentencia indica que resulta probado "que la acusada ha sido constante en su consideración acerca de la veracidad de los hechos denunciados, veracidad que no ha sido negada pro ningún órgano de la jurisdicción militar".

Las mismas fuentes califican toda esta historia de "rocambolesca" que ha tenido "un final inédito", tras "toda una cascada de represalias mantenidas durante década contra la brigada, que ha mantenido una lucha desgarradora y ha sido víctima de un sistema". Añaden que ha sido "una guerra como la de David contra Goliat" y destacan también el papel que ha ejercido la suboficial en la confección de la directiva del Parlamento Europeo de protección al denunciante de corrupción, que en España se materializó con una ley. A día de hoy, la brigada Serrano es reconocida y considera persona protegida informante de corrupción por la autoridad independiente creada al amparo de dicha ley.