La Gerencia de Urbanismo ha desestimado un recurso de la propiedad de una residencia de estudiantes que ocupa un edificio completo de cuatro plantas más la azotea a escasos metros de la Plaza Nueva tras una resolución de marzo de 2021 en la que se ordenó su cierre. Entre las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanísticas que fueron exigidas por los técnicos en el expediente se encontraban el deber de requerir la solicitud de autorización de obras y actividad legalizables en cumplimiento de lo establecido en el Plan General vigente. Ahora se reitera de nuevo la orden de cierre.

En el recurso se solicita fundamentalmente la suspensión de la resolución, se niega que la edificación se destine a residencia de estudiantes, se manifiesta disconformidad con el informe técnico emitido, así como desproporción de la valoración de las obras ejecutadas que el mismo informe técnico recoge. También se alega que las obras cuentan con licencia.

Los técnicos de Urbanismo responden que el céntrico inmueble se sigue publicitando como residencia para estudiantes y no se han aportado los documentos indicados para acreditar las alegaciones, “entre otros la supuesta licencia”. Respecto a las obras en la cubierta, reiteran que “estamos ante obras de ampliación por la ejecución de pérgola y piscina no compatibles con la normativa de aplicación”.

El expediente se inició tras una visita de agentes de la Policía Turística en febrero de 2021

En la resolución de marzo de 2021 sobre el negocio enclavado en el número 13 de la calle Albareda, la Gerencia solicitó la demolición de la piscina que cuenta con una superficie de 12 metros cuadrados y de la zona cubierta con una pérgola de unos 20 metros cuadrados instalada en la planta terraza del céntrico edificio. Detallan que tanto la piscina como la pérgola de la última planta se encuentran ubicadas en el nivel seis (por encima de la altura máxima reguladora señalada en el Plan General). El promotor debe recuperar el estado anterior de ese espacio del inmueble.

La orden de cierre de la residencia de estudiantes comienza con un informe emitido a raíz de la visita realizada por agentes de la Unidad de la Policía Turística, que lo primero que constata es que no hay antecedentes de licencia. Lo más llamativo que vieron los agentes de la Unidad de la Policía Turística fue la ampliación por colmatación de la azotea, en la que se construyó una piscina y una cubierta de pérgolas. La Gerencia impuso una sanción de 10.380 euros en agosto de 2021 por incumplir la orden de suspensión.