El colegio de Sandra Peña revisa las medidas contra el acoso escolar

El Colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida tras sufrir presuntamente acoso escolar, revisa las medidas de prevención y actuación frente a este tipo de situaciones. Así lo ha explicado este lunes la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, tras el consejo de gobierno de la Junta, donde también ha informado de que el departamento que dirige está a la espera del informe que elabore la Fiscalía de este caso.

“Estamos esperando que la Fiscalía concluya el informe sobre los hechos para confirmar que se estaba produciendo esta situación de acoso escolar”, ha indicado Castillo, que ha señalado que el centro educativo donde estaba escolarizada Sandra Peña “está llevando a cabo actuaciones”. En este sentido, ha detallado que se ha abierto “un procedimiento de conciliación, recogido en la ley”. “El centro está adoptando medidas para revisar sus protocolos internos en los casos de acoso”, ha afirmado la consejera.

Esta revisión en la actuación de las Irlandesas de Loreto frente a situaciones de bullyng se produce después de que la administración educativa confirmara que el centro concertado no había activado el protocolo antiacoso ni contra las conductas autolesivas, pese a tener indicios de que la menor podría encontrarse en tales situaciones. Sólo tomo como medida –a petición de la madre de Sandra Peña– separar a esta joven de sus presuntas acosadoras en distintas aulas. Sin embargo, en la Inspección Educativa no existía registro alguno de esta situación.

Responsabilidad penal y administrativa

“Es el centro concertado el que tiene el cometido de depurar responsabilidades. Nosotros le hemos pedido que lo haga”, ha abundado Castillo. La consejera ha explicado que en el caso de Sandra Peña puede existir responsabilidad penal y también administrativa. “Pueden ser simultáneas, pero siempre sujetas a los hechos que declare probados la Fiscalía”, ha añadido.

Respecto a la responsabilidad administrativa, Castillo ha subrayado que se está a la espera de la información que recopile la comisión de conciliación, formada por el inspector, un representante del colegio y otro del consejo escolar. “Ahí sabremos el alcance de la responsabilidad de las Irlandesas de Loreto en este caso”, ha concretado la titular de Educación. Con tal información, se considerará si la falta es leve, por lo que el centro puede ser apercibido; grave, que acarrea una sanción económica dentro del marco del concierto; y muy grave, que supondría la retirada del concierto. “Hasta que no tengamos recopilada la información, no podemos actuar. Dependemos también de los hechos probados en la vía judicial”, ha abundado.

Más allá de los centros educativos

Al margen de las medidas que adopte el colegio, la consejera ha incidido en que “los hechos constitutivos de acoso algunas veces no se producen en el centro educativo, sino fuera o en las redes sociales”. “No sé en el caso de Sandra, pero sí es habitual que estos casos ocurran fuera de las instalaciones educativas, aunque nos enteremos en los colegios o institutos”, ha detallado.

Castillo ha animado a abrir un debate que “vaya más allá de los centros educativos”. “Las medidas tienen que ir más allá del entorno escolar. Son las familias las que también deben trabajar, además de las empresas tecnológicas. A lo mejor un menor de 18 años no puede estar en una red social si no cuenta con la autorización de sus padres”, ha apostillado.