Los colegios de Sevilla capital disponen de 209 salas de titularidad municipal para desdoblar las aulas y así descongestionar los centros de enseñanza para cumplir la normativa de seguridad frente al Covid.  Se trata del recuento que ha realizado el Ayuntamiento hispalense, el cual ha dado a conocer este lunes el alcalde Juan Espadas durante la visita a las obras que se acometen en el CEIP Híspalis, en Sevilla Este. 

Se trata de instalaciones que se encuentran en centros cívicos, las cuales tienen cabida para 4.040 alumnos, según ha detallado el regidor hispalense, una cifra que supone un gran alivio para los colegios en aras de mantener la distancia de seguridad entre los estudiantes. 

Sin embargo, este recurso no se pondrá a disposición de los centros de enseñanza hasta que la Administración competente en materia de Educación -la Junta de Andalucía- concrete el número de docentes de refuerzo con los que contará cada colegio el próximo curso, que comenzará el 10 de septiembre. 

Así lo ha advertido el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien ha anunciado que esta semana el gobierno local comenzará una ronda de reuniones con delegados de distritos municipales, equipos escolares y asociaciones de padres de alumnos (AMPA) con el fin de tener constancia de las necesidades de los 107 colegios que hay en la capital andaluza. 

Ninguna petición de espacios cerrados

Por ahora ningún colegio ha solicitado dichas salas. Sí lo han hecho algunos centros (un número muy reducido) para pedir zonas públicas abiertas que sirvan como extensión de los recreos. Según Espadas, para disponer de las instalaciones cerradas resulta necesario que la Consejería de Educación concrete la cantidad de docentes con la que contará cada colegio, para que a partir de ahí, en cada protocolo de actuación, se sepa cómo se van a utilizar esas instalaciones y las medidas para su funcionamiento: traslado de los menores desde los colegios a los centros cívicos, adaptación de las salas a aulas y personal que estará al cargo de estos menores. A ello hay que añadir que estas dependencias municipales disponen de un horario distinto al escolar. 

El alcalde de Sevilla, quien ha asegurado que no quiere generar "una confrontación política" con la vuelta a clase, se ha quejado de que la Delegación territorial de Educación no se haya reunido con el Ayuntamiento hispalense para organizar el inicio de un curso "muy complicado" por la pandemia. De tal manera, que el gobierno local desconoce aún (a 10 días de que se inicien las clases) cuántos docentes extra -de los 6.300 previstos para toda Andalucía- corresponden a la capital. Una información que, a juicio de Espadas, debería estar disponible desde el 15 de agosto. 

Fuentes de la Delegación territorial de Educación aclaran al respecto que los directores de los colegios ya conocen la cifra de trabajadores de refuerzo que se le asignará a su centro, en función de una relación numérica publicada en el documento de aclaración de las instrucciones enviadas a principios de agosto. En toda la provincia serán 1.067. También indican que el uso que se haga de esas instalaciones municipales será el que estime oportuno cada equipo directivo y no sólo podrán servir para aulas. Para los responsables del departamento que dirige Marta Escrivá, el alcalde de Sevilla "tergiversa el concepto de uso de estos edificios y crea confusión" con tales declaraciones, realizadas durante una visita al CEIP Híspalis.

Más de un millón y medio de euros en obras

En este colegio -donde acuden 500 menores- se acometen obras por valor de 176.000 euros que permitirán, entre otros cometidos, dotar de sombra los accesos al centro y de buena parte del patio, mediante la instalación de una cubierta. Desde que se decretó el estado de alarma hasta ahora se han desarrollado mejoras escolares que han supuesto un gasto municipal de 1,6 millones de euros. En tramitación se encuentran proyectos por dos millones. 

A ello hay que añadir el gasto en la contratación de 280 empleados para realizar tareas de desinfección durante el horario lectivo en los colegios, gracias a un plan sufragado por la Junta y el Ayuntamiento en el que la administración local invierte 3,5 millones de euros.