Sevilla

Listeriosis: Las competencias en salud y consumo son municipales

  • La Ley de Autonomía Local recoge las atribuciones de los ayuntamientos

El alcalde Juan Espadas, durante su visita al colegio Argote de Molina. El alcalde Juan Espadas, durante su visita al colegio Argote de Molina.

El alcalde Juan Espadas, durante su visita al colegio Argote de Molina. / EP

El Gobierno andaluz no puede atribuirse las competencias de salud y consumo cuando se trata de ejercer el control sobre ambos en los municipios. Son propias de los ayuntamientos. El presidente del Ejecutivo autonómico ha podido sentir ese anhelo a raíz de la crisis de la listeriosis desatada en la región debido a la carne contaminada comercializada por la empresa Magrudis, pero no puede hacerlo. Salvo que cambie la ley. Que esas competencias recaen sobre los ayuntamientos está recogido en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

A lo largo de los últimos días, el presidente Moreno ha expresado su intención de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) acapare la vigilancia y el control como un “mando único”, rechazando cualquier situación bicéfala. El Gobierno entiende que no es idóneo en casos como este compartir con las administraciones locales la gestión de una crisis alimentaria que ha afectado en Andalucía a 204 personas y se ha cobrado tres víctimas mortales.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha recordado el actual marco legal que rige los deberes y obligaciones –sus competencias– de los ayuntamientos cuando se desencadena un episodio como el de la carne mechada contaminada. Espadas ha lamentado que desde la más alta instancia autonómica se “introduzcan dudas en materia de seguridad alimentaria respecto a los controles e inspecciones”, y ha abundado en que que corresponden a los ayuntamientos.

Además, ha informado de que los inspectores veterinarios adscritos a ayuntamientos como el de Sevilla no derivan de ninguna “competencia delegada de la Junta”, sino de un reglamento estatal “de 1953”. “No hay ninguna competencia delegada que se pueda revocar”, ha zanjado Espadas.

En todo este asunto ha pesado, a juicio de Espadas, “el modelo actual de autocontrol” que rige en las empresas como consecuencia de los cambios legislativos acometidos en la década de los años 2000, lo que le llevó a rememorar la Ley Ómnibus y la “liberalización” del sistema de implantación de las actividades frente al modelo anterior ceñido a autorizaciones previas por parte de las administraciones. “No es lo mismo que un sistema de control previo” por parte de las instituciones, ha aclarado Espadas. De manera que “cuando una empresa quiere engañar a la administración, al final se sale con la suya y la administración llega tarde para resolver los problemas”.

En ese mismo contexto, Espadas ha ceñido a la investigación ya en marcha la averiguación de si la empresa “cumplía” los requisitos para obtener la declaración del nivel de autoprotección C a la que podía optar, cuya consecución le permitió mayor flexibilidad en materia de inspecciones.

Espadas ha hecho hincapié en las prácticas seguidas por la empresa, recordando que habría empezado a operar en 2013 sin autorización, algo de lo que no “se dieron cuenta” ni el Ayuntamiento, entonces gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido, ni la administración andaluza entonces en manos de los socialistas, preguntando retóricamente “por qué” no actuó la Consejería de Agricultura cuando Magrudis se dio en 2015 de alta en el registro autonómico de empresas alimentarias, pues se trata de una “industria agroalimentaria”.

Espadas también ha aprovechado para lamentar que frente a la “lealtad institucional” del Ayuntamiento y su “colaboración” con la Junta, el Ejecutivo autonómico se haya dedicado al “ruido político” con “inaceptables e intolerables críticas infundadas y precipitadas” hacia el gobierno municipal, acusaciones que incluso incurren en el “absurdo”.

Entretanto, el PSOE ha anunciado que va a analizar la posibilidad de proponer modificaciones normativas que persigan mejorar la seguridad alimentaria para que si se vuelve a producir una crisis sanitaria de esta envergadura “sea menos grave”. El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha hecho este anuncio después de que la secretaria general del partido, Susana Díaz, mantuviera una reunión con la directiva de Facua.

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