El gerente de Microal, el laboratorio que comunicó a Magrudis que una muestra de su carne mechada había dado positivo en listeria meses antes de que la Junta de Andalucía decretase la alerta sanitaria el 15 de agosto, ha ratificado su informe ante la jueza que investiga el caso.

Mariano Barroso ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en calidad de testigo y ha explicado que su empresa, dedicada al control de calidad y la investigación especializada en el sector agroalimentario y medioambiental, recibió dos muestras de Magrudis el 18 de febrero del año pasado.

Cuatro días más tarde recibió los resultados de las pruebas, que dieron positivo en un caso y negativo en el otro, de modo que informó por teléfono y correo electrónico a Magrudis de la presencia de listeria en sus productos.

Según han informado fuentes del caso a Efe, Barroso también ha corroborado ante la instructora que por ley no tenía obligación de comunicar esa información a las autoridades, aunque proporcionó el informe al juzgado vía registro en cuanto supo que existía un procedimiento judicial.

Durante la hora y media que ha estado declarando, Barroso ha recalcado que Magrudis también contrató a Microal para que diseñase un plan de autocontrol de su actividad, pero no para vigilar su ejecución ni realizar un seguimiento.

A principios de 2016, según ha indicado el testigo a la jueza, Microal facilitó a Magrudis un "manual de instrucciones" que la empresa investigada modificó meses más tarde, cuando incrementó su actividad, aunque de ese nuevo plan se encargó otra mercantil, Biocontrol, que además subcontrató a otra empresa para el análisis de muestras porque no está homologada como laboratorio.

Respecto a la prueba encargada, Barroso ha explicado a la magistrada y a las partes que Magrudis contrató a Microal para que informase de la presencia o ausencia de la bacteria de la listeria, pero no para que hiciese un recuento de la que hubiese.

El límite legal es de 100 unidades formadoras de colonia (UFC) por gramo, mientras que un informe encargado por el juzgado ha determinado que la carne mechada contaminada de Magrudis superaba entre "3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable".

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Efe, el perito asegura que los resultados analizados no sólo "incumplen" sino que "sobrepasan de forma exagerada los límites previstos como seguros" para la bacteria listeria monocytogenes.

"Esta alta dosis de contaminación es suficiente para provocar daños en las personas", añade.

La jueza impuso el pasado 27 de febrero una fianza de cinco millones de euros a siete de los investigados por el caso, entre ellos el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, que están en prisión provisional desde el pasado septiembre.

La instructora les atribuye un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia, seis abortos y lesiones "cuyo número exacto aún está por determinar". EFE

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