El colegio Elcható de Brenes, uno de los 12 centros de educación segregada por sexo en Andalucía y único afectado en la comunidad autónoma por una resolución judicial del Tribunal Supremo que rechaza los conciertos de la Administración con este tipo de colegios, ha presentado un incidente de nulidad ante el propio Supremo, previo al registro de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha confirmado a Europa Press la directora del centro, Macarena López, que ha subrayado que "en ningún momento" se discute la legalidad de este tipo de educación, razón por la que, "al estar dentro de la ley", el colegio procede a responder a la decisión mediante la cual Elcható dejaría de financiarse con fondos públicos.

López ha reivindicado la labor que esta escuela realiza desde hace varias décadas en relación a la formación de las mujeres en el medio rural, habida cuenta de que, además, "en estos colegios el índice de fracaso escolar se sitúa en el 6%, frente al 32,5% que Andalucía tiene en estos momentos". De esta manera, se ha preguntado "por qué ese empeño en quitar algo que funciona bien", máxime cuando el alumnado -en su caso, femenino- que se beneficia del convenio proviene de "un colectivo muy vulnerable, como es el campo andaluz".

La directora de Elcható, asimismo, defiende que si en otros ámbitos como el administrativo se ha acometido la creación de órganos específicos para mujeres, algo "perfectamente válido", debería, a su juicio, "hacerse lo mismo con la educación diferenciada".

Sobre la situación en la que se encuentran los centros diferenciados andaluces en plena etapa de renovación de los conciertos, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Rafael Caamaño, ha indicado a que "a día de hoy, con la inclusión de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que especifica la opción de financiación de estos colegios, la tesitura es inmejorable".

Así, ha confirmado que todos los colegios pretenden acogerse al concierto -podrían llevarlo a cabo en un acto colectivo, adjuntando las firmas de apoyo recogidas- sin cambiar su modelo, mediante la renovación en base a una orden que "es idéntica a la de años anteriores", aunque ha admitido que la Junta podría hacer la aplicación de ésta que considerase oportuna; en este caso, la administración regional se acogería al fallo del Supremo, mientras que los centros consideran que "debe interpretarse a la luz de la legislación y del Reglamento de Convenios".