El conflicto del taxi en el aeropuerto de San Pablo se ha politizado en las últimas horas, después de que este periódico publicara la demanda presentada por Aena para expulsar a Solidaridad del Taxi del local que tiene alquilado en la terminal. El primer cargo político que hizo referencia a la situación fue el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. En un comunicado emitido a las nueve de la noche del martes, el concejal responsabilizaba del problema de los incidentes en la terminal a la falta de policías nacionales.

Cabrera no hacía ninguna autocrítica en su nota, pese a que, como delegado de Movilidad, es el máximo responsable del servicio de taxis en la ciudad, y por tanto en la parada del aeropuerto también. Cabrera siempre se ha negado a implantar el turno rotatorio en la terminal, como recomienda una sentencia del TSJA del año 2002. Y no sólo eso, sino que el Instituto del Taxi, organismo que no tiene ni siquiera director y que está bajo su responsabilidad, no ha tramitado todavía más de 600 denuncias a taxistas impuestas por la Policía Local durante los años 2015, 2016 y 2017. Otras 60 denuncias por cobro abusivo del año 2001, época en la que Cabrera era director del Instituto del Taxi, han desaparecido. El juzgado de Instrucción 8 investiga qué ha pasado con esas multas, cuyas copias encontró la Policía Nacional en el registro de la sede de Solidaridad pero los originales no aparecen.

Sin embargo, Cabrera ha optado por culpar de los problemas a la poca presencia de la Policía Nacional en el aeropuerto. Es cierto que faltan policías nacionales, no sólo en el aeropuerto sino en toda la ciudad, pero también lo es que la parada de taxis del aeropuerto es un problema endémico que sufre Sevilla y que ningún gobierno local, de ningún signo político, ha conseguido solucionar. Cabrera ha tenido que declarar ya como testigo en la macrocausa que investiga a la mafia del taxi, como también lo han hecho anteriores delegados de Movilidad, como Blas Ballesteros y Francisco Fernández.

Otro de los dardos que lanzaba Cabrera en su nota de prensa iba dirigido a Beltrán Pérez, que el viernes por la noche publicó un mensaje en Twitter denunciando que no había taxistas en la parada del aeropuerto. Pérez desconocía que se trataba de un paro en protesta por la notificación que los taxistas acababan de recibir de Aena, que les comunicaba el inicio de un procedimiento judicial para extinguir el contrato de alquiler de su sede.

Quien se dio por aludido con el comunicado de Cabrera fue el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, que aseguró que "ya hay Policía Nacional en el aeropuerto", pero que "la seguridad no sólo se consigue con agentes uniformados". El subdelegado recordó que hay más de treinta taxistas del aeropuerto imputados, pero dijo que desconoce si el Ayuntamiento "les ha aplicado alguna sanción administrativa, conforme a la normativa municipal que regula el sector".

Por último, el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán, volvió a insistir en la necesidad de que se establezca el turno rotatorio en la parada de taxis del aeropuerto. Millán pidió al gobierno que "no se esconda ante el monopolio" y denunció que los socialistas están "manteniendo una situación insostenible desde hace mucho tiempo, quedándose de brazos cruzados sin garantizar la libre competencia".