El consejo de Mercasevilla paraliza el proceso de disolución de la fundación

La fundación socioasistencial de Mercasevilla no será disuelta por el momento, como había propuesto el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, tras el escándalo por el cobro de comisiones ilegales en el que están implicados dos ex directivos del mercado central. El consejo de Administración de Mercasevilla, reunido ayer con carácter de urgencia, acordó paralizar la disolución de la fundación sociosasistencial, a la espera de la realización de un estudio sobre las consecuencias que puede tener esta decisión y que contaba con la oposición del PP, que había advertido de la ilegalidad de la disolución.

Los miembros del consejo tomaron conocimiento ayer del informe elaborado por la comisión auditora, con el asesoramiento de la consultora Deloitte, y que ha llegado a la conclusión de que la contabilidad de la fundación presenta un agujero de 1.116.148 euros. Ante esta situación, el informe señala que sólo caben dos opciones: realizar el apoyo financiero suficiente para que el patrimonio neto de la fundación sea positivo o por el contrario proceder a la liquidación y disolución de la fundación.

El consejo de Administración decidió aplazar su decisión a la realización de ese estudio y a la nueva auditoría encargada por la comisión ejecutiva para conocer las cuentas de los ejercicios 2007 y 2008, y que ahora se ha ampliado al año actual para "conocer la situación patrimonial exacta de la sociedad". El informe de la comisión auditora concluyó, "con total rotundidad", que las operaciones realizadas por los anteriores gestores de la empresa se ejecutaron "sin conocimiento, ratificación o aprobación de los distintos órganos de gobierno (Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Presidente y Vicepresidente)", lo que supone exculpar por desconocimiento tanto al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, como al primer teniente de alcalde y socio de gobierno, Antonio Rodrigo Torrijos.

El portavoz adjunto del grupo popular y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, mostró ayer su satisfacción por la paralización de la disolución de la fundación, un proceso que el PP considera ilegal porque el órgano competente para iniciar el trámite es el patronato de la entidad, bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones Andaluzas de la Consejería de Justicia. El edil popular criticó la propuesta del alcalde porque, según dijo, Monteseirín "no puede tapar el agujero de 1.116.000 euros de la fundación borrándola del mapa para eludir su responsabilidad y la de sus patronos". Pérez añadió que el informe de la comisión auditora tiene una "clara tendencia política al ser dos de sus miembros, Josefa Medrano y Alfonso Mir, los que han sacado conclusiones políticas de un informe técnico".