El abogado José María Calero (1961, Ciudad Real), acaba de emanciparse profesionalmente del bufete Montero-Aramburu, donde ha pasado los últimos ocho años en el departamento Penal llevando asuntos que van desde la investigación del Betis al caso de los ERE fraudulentos. Ahora se muestra ilusionado con su propio despacho profesional.

-¿Por qué ha decidido emprender esta aventura profesional?

-Debo expresar mi profundo agradecimiento a Montero-Aramburu, uno de los mejores despachos que hay en Andalucía, y ahora he querido vincular mi trabajo a mi persona, como un desarrollo lógico de la etapa de madurez profesional. Sigo en esta línea a mis referentes en la profesión, como son los penalistas José Antonio Choclán, Víctor Moreno Catena, Luis Rodríguez Ramos, Ignacio Ayala o Cristóbal Martell y Paco Baena.

-Usted fue fiscal durante dos décadas hasta que se pasó a la abogacía... ¿Por qué ese salto?

-Me gustó mucho la profesión de fiscal pero quizás tengo más alma de abogado que de fiscal.

-¿Cómo fue su salida de Montero-Aramburu?

-Siendo siempre difícil la separación por las relaciones de amistad y admiración mutuas con mis compañeros, creo que han entendido mi ilusión por este proyecto.

-Pero usted va a seguir llevando algunos asuntos y defenderá al ex presidente del Betis...

-En los grandes asuntos en los que trabaja un equipo, en principio ese equipo seguirá y así, seguiremos llevando a Lopera mientras mantenga la confianza en nosotros.

-¿Cuál es el reto que se ha fijado en esta nueva etapa?

-El principal es el compromiso del titular del despacho en la llevanza de los asuntos. Mi compromiso es estar permanentemente con los clientes. La diferencia es la que hay, por ejemplo, entre comprar una guitarra en una gran superficie o acudir a un artesano. En este bufete quiero darle a mis clientes el trato que le daría el artesano.

-¿Y ya tiene muchos clientes?

-Empezamos con una cartera de clientes suficiente para iniciar el nuevo proyecto.

-Seguirá representando a Lopera. ¿En qué situación ve la causa?

-Es la primera vez que hablo de la causa porque las actuaciones ya son públicas, tras la apertura de juicio oral. El proceso está en un momento decisivo. El fiscal va a acusar y habrá juicio, por lo que estamos expectantes para conocer los términos de la acusación y hacer el escrito de defensa. Creo que hay razones y argumentos suficientes que permiten ser optimistas en el resultado del procedimiento.

-¿Eso significa que confía en que Lopera no será condenado?

-Creo que Lopera puede salir absuelto porque podremos acreditar que ni se ha apropiado de dinero del Real Betis ni ha actuado con intención de perjudicarlo. Hay muchos argumentos y documentos que acreditan este extremo.

-¿Cómo valora la instrucción realizada por la juez Alaya?

-La instrucción del sumario de Lopera se resume en el informe pericial, sobre el que soy muy crítico.

-La instrucción se inició en 2008 y se ha retrasado muchísimo...

-Las dilaciones sólo han perjudicado a Lopera y en ningún caso han sido provocadas por las defensas, como se ha dicho.

-¿Lopera ha sido perjudicado por la instrucción?

-Lo ideal sería que el Betis se pacificara judicialmente cuando antes, pero eso depende de mucha gente. No se puede descartar que las heridas abiertas tengan secuelas que duren todavía muchos años.

-¿Y qué opina sobre la macrocausa de los ERE fraudulentos?

-Hay varias cuestiones distintas en este caso. Del hecho de que haya personas que se hayan colado en un ERE sin tener derecho a pensar que ha habido un sistema delictivo funcionando diez años, hay un salto ilógico en el vacío.

-Pero el Tribunal Supremo ha avalado la tesis de Alaya...

-Sí, pero el Supremo advierte que hay que distinguir entre las ayudas que les corresponden a los trabajadores aunque el procedimiento no sea correcto, es decir, que puede ser que el procedimiento fuera incorrecto pero esos trabajadores tienen derecho a la ayuda.

-¿No hay una implicación global del Gobierno andaluz?

-La hipótesis de un sistema delictivo es inverosímil y entra en crisis cuando alguien se pregunta si todas las ayudas son ilegales por qué no se reclama el dinero a los trabajadores. Y un segundo punto de inflexión se produce cuando aparece una norma que permite que en situaciones de crisis o urgente necesidad no haya publicidad ni concurrencia a la hora de promover las ayudas.

-Entonces, ¿la imputación de casi 300 personas es excesiva?

-En mi opinión 60 imputados [en alusión a los intrusos] es razonable, 300 es una exageración que poco a poco se irá descartando. Mi deseo es que en éste como en otros casos todos colaboren para cerrar el asunto en un plazo razonable y con el mayor rigor en la determinación de las responsabilidades.

-¿Qué piensa de que se considere a Alaya como juez estrella?

-Desde que era fiscal siempre he pensado que lo mejor es que no se sepa el nombre de los jueces y fiscales. Cuando esto no es así se pueden producir consecuencias no deseadas.

-¿Alaya debe seguir con los ERE tras la polémica con Bolaños ?

-Creo que cualquier juez está capacitado para terminar la instrucción de este asunto. El Consejo decidirá, pero los jueces deben ser respetuosos y guardarse la debida consideración.