El detenido tras la ocupación de su piso en Sevilla pide la imputación de cuatro policías nacionales

Ricardo Román, el hombre detenido tras la ocupación de su piso en el centro de Sevilla, ha solicitado a la juez de Instrucción número 3 de la capital andaluza que declaren como investigados los cuatro policías nacionales que participaron en su arresto. Así lo explicaron a este periódico tanto el propio Román como su abogado, Manuel Huertas. "Estoy deseoso de que puedan dar una explicación a su actuación. Quiero saber si ésta se debió al cumplimiento de instrucciones o protocolos de actuación en supuestos de ocupación o si fue a su libre albedrío", apuntó el afectado.

"En cualquiera de los dos supuestos, considero que cuatro miembros de la Policía que, en lugar de impedir que se perpetre un hecho delictivo, favorecen su comisión, no pueden volver a dedicarse a proteger el orden publico, ni a defender los derechos legítimos de las las personas de orden que son víctimas de delitos ni, por supuesto, evitar la comisión de tales delitos", añadió Román, de 55 años, cuya comparecencia ante la juez que lleva su caso está fijada para el próximo 10 de enero. Ese día también está citada su hermana Laura.

Los hermanos Román heredaron un piso en la calle Monsalves, en el centro de Sevilla. La vivienda fue ocupada el 1 de diciembre de 2022, hace casi un año. Cuando denunciaron la ocupación y llamaron a la Policía Nacional, Ricardo terminó detenido y pasó una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía. Los agentes que lo arrestaron entregaron las llaves al ocupa e invitaron a su hermana a retirar el coche de su plaza de aparcamiento. Su detención quedó en nada, después de que la juez lo pusiera en libertad y archivara el caso, una vez que pudo demostrar que la vivienda era suya. En el auto de libertad, la juez apuntaba que el ocupa había enseñado un contrato de alquiler falso a los agentes de la Policía Nacional.

Ese contrato llevaba la firma del ocupa como arrendatario y de una tercera persona, un desconocido, como arrendador, que no coincidía con los legítimos dueños de la vivienda que constan en las escrituras. El ocupa declaró recientemente ante la juez y aportó dicho contrato. El abogado Manuel Huertas ha solicitado a la magistrada que autorice una prueba caligráfica del documento para demostrar su falsedad, además de que libre oficio a la Policía para que localice quién es la persona que aparece en el contrato.

En su declaración, el ocupa aseguró a la juez que a él le había alquilado la vivienda esta persona, que además le había enseñado antes la casa. Este periódico trató en su día de intentar obtener su versión sobre los hechos, pero fue imposible porque el ocupa colgó el teléfono. El abogado del propietario recordó que la juez consideró que el contrato era falso y así lo plasmó en el auto en el que archivaba la detención de Ricardo Román. En el mismo documento, la juez expone que el ocupa usa una llave falsa para acceder a la vivienda. El ocupa también había vivido antes ocupando un piso del mismo edificio.

Igualmente, tanto el dueño de la vivienda como el abogado que lo representa lamentaron el retraso que lleva la instrucción judicial. Los denunciantes no declararán hasta pasados más de 13 meses después de los hechos. Mientras tanto, el piso sigue ocupado y los dueños tienen constancia de que el ocupa lo está subarrendando como apartamento turístico a través de la plataforma Airbnb.

Ricardo no entiende por qué este tipo de asuntos no se resuelven de una manera más rápida, acreditando la propiedad del piso. La ocupación le ha causado graves problemas, pues se le agotó el subsidio por desempleo el pasado mes de septiembre y sigue viviendo de alquiler en el Cerro del Águila. En los últimos días ha tenido que acudir a Cáritas de la parroquia del barrio para pedir comida. "Las alcoholemias, por ejemplo, se resuelven sobre la marcha. Podría hacerse de la misma forma para los casos de ocupación, aunque entiendo que en las alcoholemias hay también una cuestión recaudatoria", se planteó el afectado.

El uso de la vivienda ocupada era para satisfacer la necesidad de Laura, que reside en Ubrique pero que tiene que venir continuamente a Sevilla por motivos médicos, pues padece la enfermedad de Parkinson. Esta mujer viene a la capital andaluza una o dos veces por semana. Además, a partir del 11 diciembre de 2022 iba a ser la vivienda habitual de Ricardo, que se encuentra en el paro y se había visto obligado a rescindir el contrato de alquiler de la casa en la que vivía.

El 1 de diciembre de 2022, Ricardo acudió a la vivienda y, al introducir la llave, no pudo abrir. Pensó que su hermana o la limpiadora que habían estado en la casa unos días antes se habrían dejado la llave puesta y llamó a un cerrajero. En ese momento, apareció un hombre que mostró un contrato de alquiler y aseguraba que era el actual inquilino del piso y que residía allí desde el 26 de noviembre.

Ricardo optó por llamar a otra hermana, para que estuviera con él y avisaran juntos a la Policía. Al llegar los agentes y ver el contrato que les mostró el ocupa, le dijeron a Ricardo que "ellos no podían hacer nada" y se marcharon del piso. Al día siguiente, el 2 de diciembre, Ricardo volvió al edificio y accedió al patio interior del mismo, puesto que podía seguir haciendo uso de las zonas comunes. Allí pudo comprobar que el ocupa abandonaba la vivienda sin compañía de nadie y cargando bolsas de plástico y una mochila, por lo que decidió probar su llave en la cerradura y "abrió sin ninguna dificultad", según consta en la denuncia que este hombre presentó por la ocupación.

Una vez dentro del piso, comprobó que no faltaba nada, aunque estaba desordenado. Sus hermanas llegaron al edificio con el vehículo de una de ellas y aparcaron en la plaza de garaje de su propiedad. Ambas subieron y abrieron con sus llaves, "las de toda la vida". Estando ellas en el piso, notaron que se introducía una llave en la cerradura y le daban una patada a la puerta. Sintieron a una persona que salía corriendo del edificio. Pasado un rato, llegó al bloque el ocupa acompañado de un menor de edad y cuatro policías nacionales. Una de las hermanas abrió la puerta a la Policía y los agentes "la invitaron a abandonar la vivienda porque le iban a hacer entrega de la misma al ocupante".

En ese momento entraron en el piso los cuatro agentes y "lo registraron de arriba abajo, sin encontrar ni una sola pertenencia del ocupante". Una de las dueñas les mostró las escrituras para acreditar la propiedad de la vivienda, y además les enseñó documentación médica y su certificado de discapacidad, con los que pretendía exponer los motivos por los que se encontraba en ella. Al ver al ocupa, esta mujer pudo identificarlo como el inquilino del piso de enfrente, por lo que facilitó a los policías el número de teléfono del propietario de este otro inmueble.

Este hombre les indicó que el ocupa era su inquilino y que tenía señalada la fecha para el lanzamiento el 13 de diciembre. También les comentó que llevaba varios años viviendo en su casa y que "era perfecto conocedor de sus vecinos y de que éstos son los legítimos propietarios de la vivienda". Tres policías buscaron a Ricardo, que estaba en ese momento en casa de unos vecinos, y le pidieron que fuera con ellos a su casa. Una vez en ella, le preguntaron si había cambiado el bombín, a lo que él respondió que no, que era el antiguo y que por eso abrían sus llaves y la de su hermana. Les pidieron las llaves y comprobaron que abrían, y en ese momento decidieron identificar y detener a Ricardo, al que esposaron.

Ricardo pasó la noche del 2 al 3 de diciembre en los calabozos de la Policía Nacional y fue puesto después a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que estaba de guardia. La juez dictó un auto acordando la libertad del detenido y el sobreseimiento del caso contra él, al no constituir los hechos ningún ilícito penal. En el auto se constata que la vivienda es propiedad de Ricardo Román y su hermana, así como que el ocupa aporta un contrato de arrendamiento falso y que no queda acreditado que el propietario cambiase la cerradura.

Para los dueños del piso, estos hechos pueden constituir un delito de allanamiento de morada y otro de falsedad documental presuntamente cometidos por el ocupante. Además, consideran que los agentes de la Policía Nacional incurrieron también en una detención ilegal y en una prevaricación, pues "desalojaron de la vivienda a sus legítimos propietarios y le entregaron las llaves y la posesión de la misma, con todo su contenido, a un tercero que carecía de título válido para ello".

"El problema de la ocupación lo generan los encargados de elaborar y aprobar las normas que deben regir nuestra convivencia. Se trata del sector con el mayor índice de delincuencia de este país, el de los políticos. No existe tanto índice entre médicos, obreros y demás. Por ese motivo, supongo, que elaboran y aprueban leyes muy leves en el castigo al delincuente", criticó Román. "Para más inri, rebajan las condenas de los delitos, como la prevaricación, que sólo pueden cometer ellos y los designados por ellos".