La ex empresa del nuevo director de Movilidad se adjudica el control del tráfico
Acisa gestiona con Eysa los semáforos, el centro de control y las cámaras por 3,8 millones.
La empresa de ingeniería eléctrica Acisa (Aeronaval de Construcciones de Instalaciones S.A.) que dirigía en Sevilla hasta diciembre de 2006 Miguel Ángel Ruiz Frutos, desde junio nuevo director general de Movilidad del Ayuntamiento del gobierno de Zoido, se ha hecho con la adjudicación del contrato para gestionar todos los semáforos de la ciudad y el Centro de Control del Tráfico, incluidas las cámaras de videovigilancia repartidas por el centro y los barrios. El gobierno local, a propuesta del delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Bueno (PP), lo aprobó en junta de gobierno por el trámite de urgencia en marzo pero no le ha dado publicidad al asunto.
Por un montante de 3,8 millones de euros y un plazo de dos años prorrogables, el contrato de mantenimiento, conservación y explotación de los semáforos, equipos instalados en la vía pública y el Centro de Control del Tráfico se adjudicó el 15 de marzo de 2013 y definitivamente en mayo a la UTE formada por Acisa (Aeronaval de Construcciones de Instalaciones S.A.) y Eysa (Estacionamientos y Servicios S.A.U.) Esta misma UTE Acisa-Eysa también se ha ofrecido este mes a gestionar la zona azul de Sevilla, que se amplía y privatiza, y en solitario Acisa también lleva parte del contrato del alumbrado de la capital.
Según el expediente al que ha tenido acceso este periódico, la adjudicación no ha estado exenta de polémica: las otras tres empresas que competían en el concurso (Telvent-Magtel, Sice e Intra) han presentado recursos administrativos contrarios que se han desestimado en todos los casos por el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento. Estos recursos han retrasado la adjudicación definitiva del contrato hasta mayo.
Este contrato lo gestionaba hasta ahora la empresa Sice y podía prorrogarse otro año más en octubre. Sice-Codelán lo ha estado haciendo durante décadas hasta que por encargo del gobierno de Monteseirín instaló el sistema de las cámaras para restringir el acceso al centro, luego anulado por Zoido nada más llegar a la Alcaldía tras una campaña de desprestigio contra la empresa por la que su portavoz municipal tuvo que pedir perdón.
En junio, al mes siguiente de la adjudicación definitiva, tuvo lugar el nombramiento de Ruiz Frutos como director general de Movilidad y el anuncio de la supuesta dimisión de Enrique Medina, del que se destacó oficialmente que renunciaba a su cargo "por motivos personales". Resulta llamativo que en la nota oficial del Ayuntamiento sobre el nombramiento de Ruiz Frutos se omite por completo que éste había sido director general de Acisa en Sevilla, uno de los cargos más importantes de su trayectoria profesional. Se citan sólo otras empresas en las que había trabajado como director general, tales como Eyssa, Asociación Española de Empresas de Tráfico, Grupo Innova, Grupo Sice y Centa.
Ruiz Frutos vendió la empresa al grupo Aldesa y así lo recoge la prensa económica de aquel año en enero de 2007. Ese mismo mes aparece en el Registro Mercantil la revocación de su cargo como apoderado de la empresa y el nombramiento de Enrique Hernández.
En el expediente municipal la UTE Acisa-Eysa recibe la puntuación más alta (97,29) por la suma de la oferta económica, el incremento del mantenimiento de las nuevas instalaciones, la oferta técnica y las mejoras frente a sus contrincantes: 94,11 Telvent-Magtel, un total de 90,83 Indra y 89,73 Sice. Uno de los aspectos que más ha pesado en la adjudicación es la baja económica de la ganadora (28,12%) frente al 24% de Telvent-Magtel, el 20% de Sice y el 34,90% de Indra. Otro aspecto valorado en la oferta son "los 18 vehículos propuestos" por la UTE ganadora, "todos de nueva adquisición". Las demás presentan 11 vehículos nuevos (Indra), 12 vehículos nuevos (Sice) y 10 vehículos nuevos (Telvent-Magtel). Etralux también concurre pero es del mismo grupo empresarial que Sice, según el expediente.
En la respuesta a los recursos administrativos de las tres empresas que se han quedado fuera, el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento, que dirige la ex concejal del PP Carmen Diz, recalca que el procedimiento de adjudicación ha sido correcto. Argumenta que "la valoración de las ofertas por parte del servicio de proyectos se ha hecho con arreglo a los principios de igualdad y transparencia" y añade que "los criterios de valoración y la forma de aplicación era conocida por el resto de los licitadores". Por ello considera que "el informe técnico que valoró las ofertas" se hizo con "una motivación racional y razonable".
Este tribunal recalca que su función es determinar si se ha cumplido la legalidad, y no entrar en el juicio técnico de la adjudicación. "La función de este tribunal es exclusivamente de control del cumplimiento de los principios y trámites legales, de tal manera que no es posible la sustitución del juicio técnico del que valora la adecuación de las propuestas a los distintos criterios de adjudicación, en tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista una motivación y la misma resulte racional y razonable", dice citando la doctrina del Tribunal Supremo.
El contrato adjudicado es especialmente exigente en la reposición de los elementos del control del tráfico que se rompan o sufran averías. Se obliga a la empresa a realizar un listado mensual de los elementos "derribados" (dañados) y repuestos, adjuntando fotos. La empresa tiene que reponer todos los daños que haya al instante, lo que implica la obligación de reparar los semáforos que fallen y las cámaras de videovigilancia que no funcionen. Y el Ayuntamiento exigir su cumplimiento.
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