Más de 25.000 edificios de la ciudad se encuentran en una situación deficiente, mala o ruinosa y requieren rehabilitación. Así lo pone de manifiesto el diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla para la redacción del nuevo Plan Municipal de la Vivienda, que también señala que alrededor de 63.000 viviendas tienen graves problemas de accesibilidad y carecen de ascensores.

Estas elevadas cifras han llevado al Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de vivienda Emvisesa, a firmar un acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación (Anerr) para la puesta en marcha de una oficina de información y asesoramiento a los ciudadanos sobre rehabilitación, accesibilidad y mejora energética en las viviendas. "Su objetivo fundamental es ayudar en trámites administrativos sobre cómo afrontar la rehabilitación de un piso o cómo solicitar las subvenciones municipales para instalar ascensores, y tanto al ciudadano particular como a las comunidades de propietarios o asociaciones", comentó este lunes Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

Unas 63.000 viviendas carecen de ascensor y sólo 131 comunidades han solicitado una ayuda

El edil firmó el convenio con Fernando Prieto, presidente de Anerr, en presencia del gerente de Emvisesa, Felipe Castro, y de la directora general de la asociación, Isabel Alonso. "Existen ayudas públicas aunque falta información y, por tanto, más conocimiento por parte de los vecinos y las vecinas y las asociaciones o comunidades de propietarios para gestionarlas y, así, aprovecharlas en sus propios proyectos", según indicó este lunes el delegado a los periodistas en el Salón Comedor del Ayuntamiento, con el ruido incesante de fondo de las bocinas de los antiguos trabajadores eventuales de Lipasam que protestaban en la calle y que reclaman ser contratados.

La futura Oficina de Información Ciudadana para la Accesibilidad, Mejora Energética, Rehabilitación y Accesibilidad de la Vivienda se ubicará en San Jerónimo, en las instalaciones propias de Emvisesa anexas a la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna, y estará en funcionamiento dentro de tres meses, según las previsiones de Felipe Castro, gerente de Emvisesa, una vez que esta empresa municipal concluya las tareas de adaptación del local.

Por su parte, Anerr aportará tres técnicos, que serán los encargados de atender a los ciudadanos y asesorarlos. Esta asociación tiene en marcha una oficina similar en Madrid y cuenta con la colaboración de unas 300 medianas y pequeñas empresas y socios patrocinadores, 10 de ellas sevillanas, especializadas en trabajos de rehabilitación de viviendas.

"Para este equipo de gobierno es una prioridad reducir estas cifras con estrategias específicas", entre ellas la segunda convocatoria en 2018 de ayudas públicas municipales para la instalación de ascensores con otro millón de euros (hasta los 2 millones) o la agilización de las licencias para sus obras, según recordó Muñoz, que aseguró que la rehabilitación será uno de los ejes principales del nuevo Plan de la Vivienda de la Ciudad de Sevilla.

La primera convocatoria de ayudas municipales para la instalación de ascensores, con una dotación de un millón de euros, culminó en agosto. Según datos facilitados por el gobierno local, en total se han recibido 131 solicitudes, de las cuales 48 han sido rechazadas y 83 se encuentran en proceso de tramitación. Llama la atención la baja cifra de solicitudes recibidas si se tiene en cuenta que existen unas 63.000 viviendas sin ascensores en la ciudad, distribuidas entre todos los distritos. Una de las causas es la desinformación, pero también muchos vecinos rechazan solicitar dicha ayuda al no cumplir los requisitos mínimos, dirigidos principalmente a personas sin recursos.

Para acceder a una ayuda municipal para la instalación de ascensores, el edificio en cuestión debe tener una altura mínima de tres plantas, además de una planta baja y, al menos, el 50% de los propietarios (por familia) deben acreditar unos ingresos ponderados anuales no superiores a tres veces el Iprem, es decir, poco más de 19.000 euros al año (12 pagas).