La empresaria María Dolores O. M., directora de la empresa Sistemas de Protección y Formación S. L., detenida como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental, facturaba un mínimo de 420 euros por cada curso que impartía a las empresas solicitantes de formación bonificada en deducciones a la Seguridad Social. Esta cantidad es el crédito mínimo estipulado por la Fundación Tripartita para el Empleo (integrada por el Estado, la patronal y las centrales sindicales) para las empresas pequeñas, de menos de seis trabajadores.

La empresaria se encuentra en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial el pasado jueves por presunto fraude en relación a más de 370 expedientes de cursos de formación desarrollados en el año 2012, que alcanzaría una estafa no menor de 170.000 euros, como adelantó ayer este periódico. Ante el juez de Guardia que decretó su puesta en libertad, la empresaria se acogió a su derecho a no declarar.

El Grupo Judicial de la Comisaria de Nervión ha realizado varios registros en los domicilios de María Dolores O. M. para remitir toda la documentación al juez de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga este nuevo caso que señala directamente al fraude en torno a las partidas de dinero público destinadas a la formación continua de los trabajadores.

Según recoge la guía de la Fundación Tripartita, cada empresa tiene derecho a una serie de créditos al año que se deben gastar obligatoriamente en formación para sus empleados. En teoría, la voluntad de los empresarios es conformar plantillas cada vez más competitivas en el mercado laboral. El importe que el empresario gasta en esta actividad -que desarrollan sociedades como Sistemas de Protección y Formación- se ve bonificado en su totalidad en el coste de Seguridad Social que debe pagar por sus empleados. El importe deducible en las cuotas a los seguros sociales varía en función del número de trabajadores y la base de cotización. Es decir, el empresario aprueba la formación de sus trabajadores y las academias cobran por ello. Entonces, ¿dónde está el fraude?

Según fuentes del caso, la investigación arrancó en marzo de 2013 a partir de la denuncia en el grupo de Policía Judicial de Nervión de una empresa que asegura haber sido estafada por Sistemas. En estos momentos, el juez se centraría en analizar el rosario de anomalías que, supuestamente, habría cometido Sistemas de Protección en el desarrollo de los cursos facturados a las empresas: si estos programas llegaron a impartirse realmente o si tuvieron la duración regulada por las bases de la Fundación Tripartita, si los alumnos inscritos acudían a las sedes oficiales de estos cursos o, en cambio, si se utilizaban sus datos personales para inscribirlos en los cursos sin su conocimiento y consentimiento, lo que conllevaría la supuesta falsificación de sus firmas en los expedientes remitidos después a los inspectores de la Fundación para la tramitar la deducción en los seguros sociales.

En la investigación del presunto fraude cometido por la administradora única de Sistemas de Protección es clave conocer las directrices dadas por la directora de la academia a los comerciales de la compañía. Fuentes del caso consultadas por este medio aseguran que en el modus operandi de esta compañía -y práctica extendida entre otras compañías- era habitual que de entre todos los cursos disponibles en su catálogo ofrecieran en la mayoría de los casos el de Prevención de Riesgos Laborales y el de Primeros Auxilios, independientemente de las necesidades formativas de la compañía en cuestión. Un atractivo añadido para contratar la formación con esta academia es que Sistemas habría ofrecido regalos a cursillistas y empresarios como tablets, cámaras fotográficas o móviles.

La aceptación de estas prácticas contraviene las normas regladas por la Fundación Tripartita para las empresas y habrían sido denunciadas por los inspectores de Trabajo encargados de supervisar el desarrollo de los cursos.

Este medio trató ayer de recabar la versión de María Dolores O. M., que declinó, a través de una portavoz de su empresa, hacer cualquier tipo de comentario. De igual modo, fue imposible localizar a Francisco José Fernández Galbis, el abogado de la directora de Sistemas de Protección y Formación.