El empresario de Fitonovo sale de prisión tras pagar una fianza de 250.000 euros

El empresario de Fitonovo sale de prisión tras pagar una fianza de 250.000 euros

Un funcionario del Consistorio sigue todavía encarcelado por la operación Madeja aunque puede salir hoy mismo si logra abonar 150.000 euros

El empresario de Fitonovo José Antonio González Baró, imputado por la juez Mercedes Alaya en la segunda fase de la operación Madeja, abandonó ayer la cárcel de Sevilla-I, después de haber abonado una fianza de 250.000 euros, según confirmaron fuentes judiciales, que explicaron que la instructora también ha fijado otra fianza de 150.000 euros para que pueda ser excarcelado el ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco de Amores.

José Antonio González Baró fue encarcelado el 19 de diciembre 2013, después de que la juez Alaya le tomase declaración en el marco de la segunda fase de la operación Madeja, que se inició por el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor municipal Domingo Enrique Castaño y la presunta financiación ilegal del PSOE, pero que acabó salpicando al actual gobierno de Juan Ignacio Zoido con la imputación por parte de la Guardia Civil del director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña (PP), que fue destituido nada más destaparse la operación policial.

Junto a José Antonio González Baró, la instructora ordenó el encarcelamiento del ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco de Amores y del responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huerta, de quien la juez decretó su ingreso en prisión eludible si abonaba una fianza de 150.000 euros. Francisco Luis Huertas quedó en libertad el pasado 17 de enero, después de que la familia del funcionario presentara un aval bancario por importe de 60.000 euros, cantidad a la que se rebajó la fianza inicialmente impuesta.

En este momento, Francisco de Amores es el único imputado que permanece en prisión por la operación Madeja, una investigación que la instructora mantiene bajo secreto de sumario desde julio del año pasado y en la que ha prorrogado ya el secreto hasta en ocho ocasiones anteriores.

La juez Alaya había imputado a José Antonio González Baró hasta cinco hechos que podrían ser constitutivos del presunto cohecho que se investiga en relación con los contratos municipales y la supuesta entrega de dádivas o regalos a los funcionarios municipales. La defensa había alegado que no estaba en principio justificada la prisión preventiva del empresario de Fitonovo, pero la Audiencia de Sevilla confirmó a finales de enero pasado la decisión de la juez de enviarle a prisión, al rechazar el recurso de la defensa, que alternativamente planteaba la posibilidad de que se fijara una fianza para posibilitar su excarcelación.

La juez Alaya ha acordado finalmente la puesta en libertad de José Antonio González, que ayer depositó una serie de avales para garantizar la fianza de 250.000 euros y pudo abandonar el centro penitenciario de Sevilla-I. Francisco de Amores, por su parte, espera conseguir un aval de su fianza para poder salir de prisión a lo largo de la jornada de hoy.

La magistrada investiga en esta segunda fase de la operación Madeja si Fitonovo disponía de una supuesta "Contabilidad B" en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del Ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad oculta estaría incluso almacenada en un archivo informático, en formato tipo Excel en el ordenador de la empresa e incluiría pagos realizados desde el año 2003 en los que se habrían adjuntado los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

En la primera fase de la operación Madeja, el dueño de Fitonovo y padre del joven que fue excarcelado ayer Rafael González Palomo -detenido en julio de 2013- admitió haber entregado a Domingo Enrique Castaño la cantidad de 30.000 euros que, según le dijeron, iban destinados al PSOE.

Alaya también investiga si Fitonovo realizó pagos mensuales por importe de unos 500 euros aproximadamente a Francisco de Amores, a quien la Guardia Civil llegó a mostrar incluso un recibo con uno de los pagos.