Una expropiación que ya dura 10 años

"Me han quitado mi patrimonio y no me pagan, ni comen ni dejan comer. Yo tenía mi actividad y me iba bien, pero llevan años asfixiándome para quedarse con mi parcela a bajo precio y recalificarla para pisos", se lamenta el empresario sevillano Daniel Madrigal, dueño de HMR, tras casi 10 años de batalla legal con el Ayuntamiento de Sevilla. La guerra comenzó cuando el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 colocó en esta parcela privada "una mancha amarilla" (en la jerga de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo) para expropiarla y destinarla a un teórico uso sanitario.

Diez años después no se ha cumplido la expropiación y el propietario está atrapado. El Ayuntamiento de Sevilla no quiere pagarle los 16 millones de euros estipulados y sigue manteniendo que los terrenos son suyos, pese a una sentencia de 2012 del Registro Mercantil número 2 que dio la razón al afectado. La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo acabó acatando la sentencia el 10 de octubre de 2012, pero el proceso continúa paralizado dos años después.

La empresa (Herederos de Madrigal HMR) se dedica desde hace tres generaciones a la actividad de chatarrería en el mismo suelo donde su abuelo, José Madrigal Fernández, la montó en 1921. Su nieto cuenta que fue el primer chatarrero industrial de Sevilla, además de teniente de alcalde del Ayuntamiento, cargo del que conserva la medalla.

La parcela, un triángulo que da a la calle Doctor Fedriani y a la avenida de San Jerónimo, tiene 5.000 metros cuadrados de superficie. Está frente a los bloques de pisos de siete alturas de San Jerónimo, junto al Instituto de Toxicología y frente al cementerio. El plan urbanístico de la ciudad pintó de amarillo este suelo (ASE-DMN-02) para convertirlo en Servicio de Interés Público y Social (SIPS) con uso sanitario en una zona donde ya abundan estos usos: los hospitales de San Lázaro y Macarena y el centro de salud de San Jerónimo.

Lo llamativo de este caso es que el Ayuntamiento parece estar dilatando el proceso hasta lo indecible para no pagar con el argumento de que el suelo es suyo, un argumento que tumbó en junio de 2012 el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla desestimando la demanda del Ayuntamiento. El empresario denuncia que ha tenido que pasar a pelo los años de crisis económica sin poder vender su parcela ni hipotecarla. Sólo pudo declararse en concurso de acreedores como única salida y en esa situación sigue.

Madrigal intentó al principio paralizar la expropiación alegando que se trataba de un error, que no era posible que el Ayuntamiento quisiera la parcela de su abuelo para un uso sanitario. Fue en vano. El Consistorio no renunciaba entonces a expropiar. Cuando llegó el plazo de 2010 en que debía iniciarse la expropiación, según marca el PGOU, viendo que pasaban los años sin ser expropiado, el empresario pidió que se ejecutara el expediente de expropiación, una opción contemplada en la ley andaluza (LOUA) por cumplimiento de plazos.

En diez años de batalla legal se han sucedido tres sentencias de los juzgados civil y mercantil y seis recursos en los que Madrigal destaca que "el Ayuntamiento contestó fuera de plazo a la solicitud de inicio de expediente de justiprecio" de la parcela, dando lugar al proceso de expropiación por Ministerio de Ley el 25 de febrero de 2011. Ya no había vuelta atrás.

En una consulta realizada por este periódico, Urbanismo reconoce que no hay impedimentos para expropiar. "No existen en el seno del expediente de expropiación forzosa incoado en su día (expediente 1/2012 EXP) trámites administrativos pendientes", asegura Urbanismo. Pero al preguntarle cuándo va a cumplir, si nada se lo impide, responde que aún no está tomada la decisión.

El afectado ratifica que "no existe cuestión jurídica de fondo -superficie o titularidad- que impida que se lleve a efecto la determinación y pago del justiprecio por el Ayuntamiento". Madrigal acusa al Consistiorio de "alargar el pago con argucias legales de forma y de gestionar este asunto con negligencia e irregularidades" y ha ofrecido la alternativa de firmar un convenio con la Gerencia que asegure el pago.