La familia del niño muerto en el 'skate park' insiste en que la zona no es segura

La familia del niño atropellado por un autobús en el skate park de Plaza de Armas hace un año insiste en que la zona sigue siendo insegura pese a las reformas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla tras el suceso. El portavoz de la familia y tío de la víctima, Antonio Flores Barcia, puso de manifiesto su "malestar" por la falta de medidas de seguridad para los adolescentes que frecuentan estas instalaciones. La familia se había incluso planteado una concentración de protesta, que han sustituido por una misa en recuerdo del fallecido -que se celebrará el día del primer aniversario, el 12 de agosto, en Montequinto- debido a que los padres se encuentran atravesando una profunda depresión.

La principal deficiencia que presenta la zona está en el paso de peatones que se puso tras el atropello. En un primer momento esta medida estaba planteada para conectar el skate park con la acera más próxima al río. Sin embargo, tras la colocación de las vallas que acotan el parque, el paso de peatones se ha convertido en una trampa, ya que conecta la orilla del río con las vallas, de manera que la persona que quiera cruzar por ahí para acceder al skate park tendría que invadir la calzada".

La familia ha comunicado este asunto a la delegada del distrito Centro, Amidea Navarro, pero de momento no se ha subsanado el problema. "Es algo que podría solucionarse con un coste mínimo, colocando un paso de peatones desde la entrada del skate park, donde al final los chicos terminan saltando la valla, con el consiguiente riesgo de atropello", incidió Antonio Flores.

En el apartado judicial, la familia ha retirado las acciones penales y sólo mantendrá las civiles. Según el abogado Andrés Avelino Romero, que representa a la familia, las posibilidades de la vía penal han quedado reducidas después de que la juez de instrucción 1 calificase el accidente como una falta e indicase, en un auto, que la causa inmediata del atropello fue una distracción del menor y su irrupción en la calzada. En segundo lugar, apuntó a una posible concurrencia de culpa como el exceso de velocidad del autobús del Consorcio de Transportes de Sevilla o una distracción del conductor. La denuncia de la familia pretendía reclamar responsabilidades civiles, administrativas y penales, e incluía la posible imputación a responsables del Ayuntamiento de Sevilla. Un informe de la Policía Local entregado al juzgado estableció que el autobús circulaba a unos 42 kilómetros por hora y apuntó a una posible falta de atención del conductor dado que conocía la zona y podría haber previsto la irrupción de algún patinador.