La polémica está servida. Y no parece que vaya a desaparecer antes de que se vuelva a clase. Las aclaraciones de la Consejería de Educación y Deporte sobre las instrucciones para el próximo curso escolar -marcado por la pandemia de coronavirus- han agitado aún más el crispado ambiente que se vive estos días para el regreso al colegio en septiembre. 

En dicho decálogo, el departamento que dirige Javier Imbroda especifica que en las enseñanzas obligatorias -Primaria y ESO- sólo se concibe la escolarización presencial y que la falta de asistencia continuada a clase (salvo los casos debidamente justificados) conllevarían que se activara el protocolo de absentismo, que incluye a aquellas familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio o instituto por temor o precaución frente al Covid-19. 

Para la plataforma Escuela de Calor, que se hizo desde hace dos años con la dirección de la federación de AMPA públicas Fampa Nueva Escuela, la conducta de la Administración educativa resulta "impropia en una democracia consolidada", al considerar que con este supuesto "se amenaza a las familias". 

En este sentido, la plataforma defiende que "si no se toman medidas reales y eficaces para que el entorno escolar sea seguro, los progenitores tenemos la obligación de protegerlos de ese riesgo. Queremos educación presencial, pero sin que ello nos obligue a exponer la salud", manifiesta la plataforma en un comunicado en el que incide en que, ante la posibilidad de que la Consejería de Educación inicie el mencionado protocolo que puede derivar en denuncia, "nos vamos a defender". "Seremos miles", advierte. 

Para las familias integrantes de la plataforma, "poner a los niños en riesgo de contagio de Covid-19 es un motivo más que justificado para quienes queremos educación presencial, pero en condiciones de bajo riesgo o la mayor seguridad posible", una situación que, según Escuelas de Color, no es la que tendrán los centros educativos andaluces el próximo curso a tenor de las medidas anunciadas por la Junta el último mes. 

En este punto, recuerdan que la mejor prevención es la distancia social, "pero la consejería hace números y no está dispuesta a afrontar la inversión que ello requiere porque tiene que contratar más docentes. Prefiere ahorrar recursos y someter a la comunidad educativa al riesgo cotidiano de contagio". 

No obstante, dichas declaraciones deben matizarse, pues Educación contratará el próximo curso a 6.300 docentes extra que permitirán el desdoble de grupos en los colegios e institutos donde el número de alumnos por aula supere los 20 y 22, respectivamente. A ellos se añaden los más de 800 profesionales de la enseñanza que cubrirán las horas en las que los coordinadores Covid desempeñen tal función (entre tres y siete horas semanales). 

A estos recursos humanos debe sumarse el material higiénico y la flexibilidad que las instrucciones otorgan a los equipos directivos de los centros de enseñanza para que, dentro de su autonomía pedagógica, organicen la plantilla docente y el horario lectivo como mejor consideren para cumplir con la normativa sanitaria y garantizar la máxima seguridad frente al Covid. 

Unos equipos directivos, por cierto, que quedan libres de responsabilidad civil o penal ante un posible contagio en la escuela, ya que será difícil determinar dónde se produjo su origen, si en las instalaciones o fuera de ellas. 

No obstante, Escuelas de Calor -que inició una dura campaña contra la gestión de Javier Imbroda desde que se hizo cargo de la Consejería de Educación- está dispuesta a "defenderse" de manera colectiva. Tanto es así que ya anuncia el lanzamiento de una campaña de crowfunding "para obtener los recursos". "Nos defenderemos hasta donde haya que llegar. Es la salud y la educación de nuestros hijos lo que estamos defendiendo ante una Administración irresponsable que no ha hecho la planificación y la inversión de recursos que desde marzo sabe que le tocaba hacer", asevera la plataforma.