La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado tras el veredicto de culpabilidad, el pago de una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, con una pena sustitutoria de 12 meses de prisión en el supuesto de que no abonen dicha multa.

El abogado de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeyro, se ha adherido a la petición de la Fiscalía, pero ha añadido una petición de indemnización por otros 900.000 euros, en relación con la cuantía de la subvención “perdida” por la entidad y los perjuicios ocasionados para las arcas de la sociedad.

La acusación popular que ejerce el abogado Luis García Navarro, en representación del alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía Anticorrupción para los tres acusados.

Las defensas de los tres imputados se han opuesto a las peticiones de las acusaciones, solicitando en todo caso la imposición de las penas mínimas, y anunciando que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que debe ahora dictar el magistrado Ángel Márquez.

El abogado de Fernando Mellet, José Manuel Carrión, se ha opuesto además a la responsabilidad civil solicitada por Mercasevilla, al estimar que la Fundación podía haber “ejecutado” posteriormente la petición de la subvención para la escuela de hostelería y si no lo ha hecho ha sido por “decisión propia”.

En la misma línea, el abogado Simón Fernández Rebollo, que defiende a Daniel Ponce, ha pedido que se rechace la indemnización de 900.000 euros que reclama Mercasevilla -que se sumarían a la multa por la misma cantidad- porque el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá declaró en este jucio que la subvención para el proyecto había quedado “en suspenso” y la Fundación podría haber “reactivado” la tramitación en cualquier momento.

El defensor de Ponce también ha pedido que, en caso de impago de la multa, la pena de prisión se sustituya por otra de trabajo en beneficio de la comunidad.

El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, también anunció un recurso contra la futura sentencia, aunque reconoció la labor desarrollada por los miembros del jurado durante todo el juicio. “El jurado como cualquier persona, acierta o se equivoca, esperemos que se haya equivocado”, ha aseverado el penalista.